La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, hizo lugar a una medida cautelar que ordena suspender el inicio y/o la continuidad de las obras vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en las Islas Malvinas y desarrollado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited.
La resolución alcanza a las perforaciones, instalaciones submarinas y al inicio de la explotación hidrocarburífera. La magistrada aclaró que la decisión tiene carácter cautelar y que, por ese motivo, no constituye una resolución definitiva sobre la responsabilidad de las empresas ni sobre el conjunto de cuestiones que serán analizadas en la causa.
“La decisión reviste naturaleza cautelar y, por consiguiente, no importa pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las demandadas ni sobre la totalidad de las cuestiones que integran el objeto de la acción principal”, señaló Borruto en el fallo.
Qué deberán informar las empresas
La medida establece que las compañías deberán presentar, dentro de los 10 días de ser notificadas, una declaración jurada acompañada por documentación que permita determinar el estado actual del proyecto Sea Lion.
Entre otros puntos, deberán informar el cronograma de construcción, perforación, instalación y comienzo de la explotación, además de la cantidad, ubicación y situación de los pozos previstos.
La presentación también deberá incluir información sobre las unidades flotantes y equipos de perforación contratados, los principales contratistas y subcontratistas, la estructura societaria utilizada para el proyecto y las entidades financieras y fondos vinculados con su financiamiento.
El requerimiento alcanza además a los desembolsos realizados, comprometidos o pendientes, las aseguradoras y reaseguradoras relacionadas con el emprendimiento, los estudios ambientales, los análisis de riesgo, las modelizaciones de derrames y los planes de contingencia.
La resolución también exige información sobre las obras e instalaciones terrestres y portuarias ejecutadas o proyectadas como apoyo al proyecto, así como sobre eventuales ampliaciones o incorporación de nuevos pozos.
En relación con los movimientos financieros, el fallo recoge el pedido de las demandantes para que se prohíba a las empresas “celebrar nuevos contratos de financiación, recibir desembolsos, efectuar pagos y transferencias, realizar aportes de capital, préstamos entre sociedades vinculadas, constituir garantías, afectar activos y realizar otros actos financieros destinados al proyecto”.
La consulta a Cancillería y el pedido de información ambiental
Borruto también solicitó a la Cancillería que, en un plazo de 10 días, informe si las empresas involucradas cuentan o contaron con alguna habilitación, permiso, autorización o consentimiento de una autoridad competente de la República Argentina para realizar actividades de exploración, explotación u otras tareas hidrocarburíferas en las Islas Malvinas o en los espacios marítimos circundantes que integran la Plataforma Continental Argentina.
“Las actoras solicitan también que se prohíba a las demandadas celebrar nuevos contratos de financiación, recibir desembolsos, efectuar pagos y transferencias”, señala otro tramo de la resolución, que incorpora los alcances planteados dentro de la medida cautelar.
Por otra parte, la jueza requirió información a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación. El organismo deberá indicar si existen registros de algún aviso de proyecto o procedimiento de evaluación de impacto ambiental relacionado con Sea Lion o con eventuales ampliaciones.
También deberá informar si se dictó alguna declaración de impacto ambiental, certificado de aptitud ambiental o acto administrativo equivalente. En caso de que no exista, deberá comunicar al juzgado si se inicia un procedimiento de ese tipo con posterioridad.
De este modo, la resolución concentra el análisis inmediato en dos aspectos: el estado y las condiciones de avance del proyecto y la existencia de autorizaciones y procedimientos ambientales y regulatorios relacionados con las actividades hidrocarburíferas previstas en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes.
