El Gobierno confirmó que apelará la decisión del juez Martín Cormick, que impuso una multa diaria de $100.000 por incumplir la cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. “Es un magistrado que recurrentemente ha fallado en contra del gobierno del presidente Javier Milei”, señalaron en Casa Rosada, según informó TN.
Por su parte, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, valoró la decisión judicial y señaló que constituye un antecedente relevante mientras continúa el expediente. “Es muy importante como antecedente en el proceso judicial que sigue su curso y ratifica que la ley no se está cumpliendo”, afirmó.
Bartolacci explicó que el CIN había comunicado al juez que el plazo previsto ya había vencido sin que se cumpliera la medida. Por eso, el organismo pidió que se aplicaran las sanciones correspondientes. Para el titular del consejo, además del monto diario, resulta significativo que la resolución atribuya responsabilidades concretas a un funcionario del Poder Ejecutivo.
El representante de las universidades públicas aclaró que la decisión no cierra el reclamo y que la discusión seguirá en los tribunales. “Hay que seguir, porque el proceso judicial continúa”, expresó. Agregó que esperan que las gestiones y las actuaciones judiciales permitan obtener una respuesta urgente y asegurar que se cumpla la legislación vigente.
Qué establece la cautelar
La medida ordena recomponer y actualizar los salarios de docentes y trabajadores no docentes de las universidades públicas. También requiere garantizar los recursos para las becas estudiantiles. El CIN solicitó que se hiciera efectiva la sanción al considerar que, vencido el plazo fijado, los pagos previstos todavía no se habían concretado.
En su resolución, Cormick dispuso aplicar astreintes diarias al responsable de la Jefatura de Gabinete. El magistrado sostuvo que, ante el incumplimiento verificado, correspondía activar el apercibimiento fijado el 30 de septiembre de 2026. El Gobierno ahora buscará que esa decisión sea revisada, mientras sigue abierto el proceso judicial por el financiamiento universitario.
