La senadora nacional Sonia Rojas Decut defendió el reconocimiento de los derechos de las provincias sobre los créditos de carbono generados por sus políticas ambientales y sostuvo que “la titularidad de los créditos de carbono tiene que ver con la jurisdicción”. La legisladora destacó el avance de un proyecto de ley que obtuvo dictamen en comisiones del Senado e incorporó una iniciativa presentada junto a su par misionero Carlos Arce.
El texto unificado busca establecer reglas para la generación, certificación y comercialización de créditos de carbono en el país. La discusión tiene especial relevancia para Misiones, que desarrolló un programa de conservación de bosques nativos y busca acceder a nuevas fuentes de financiamiento mediante los mercados internacionales.
Rojas Decut, integrante del bloque Movimiento por Misiones, explicó que la propuesta apunta a reconocer el valor económico de las políticas de conservación y garantizar que las jurisdicciones mantengan la titularidad de los créditos generados a partir de sus programas ambientales.
“Fuimos impulsando de alguna manera esta visión que tiene la provincia de Misiones de convertir en financiamiento, de convertir en capital económico todo lo que tiene que ver con la conservación”, expresó.
El proyecto de los senadores misioneros, identificado como S-865/26, se incorporó a una propuesta unificada junto con las iniciativas presentadas por Flavia Royón y Jorge Capitanich. Tras el dictamen, el texto quedó encaminado para su tratamiento en el recinto, aunque todavía debe completar el recorrido legislativo para convertirse en ley.
Misiones tiene más de 13 millones de créditos de carbono certificados
Uno de los principales antecedentes que respaldan la iniciativa es el Programa Jurisdiccional REDD+ de Misiones, diseñado para reconocer las reducciones de emisiones vinculadas con la deforestación y la degradación evitadas de los bosques nativos.
Según detalló Rojas Decut, la provincia obtuvo la certificación de más de 13 millones de créditos de carbono a través de Verra, una organización internacional que desarrolla estándares para certificar proyectos ambientales.
“Tenemos más de 13 millones de toneladas de créditos de carbono”, afirmó la senadora, quien recordó que el desarrollo del programa demandó varios años de trabajo técnico, mediciones y verificación de resultados.
Cada crédito representa, en términos generales, una tonelada de dióxido de carbono equivalente reducida o removida, según la metodología aplicada. Sin embargo, la certificación no implica que esos créditos ya se hayan vendido ni garantiza ingresos hasta que se concreten operaciones comerciales.
Para Misiones, la posibilidad de comercializarlos representa una alternativa para obtener recursos a partir de la conservación de sus bosques. El objetivo es que las políticas ambientales también puedan generar beneficios económicos para la provincia.
La titularidad de los créditos, el eje del reclamo provincial
Uno de los puntos centrales del debate es quién tiene los derechos sobre los créditos generados mediante programas jurisdiccionales. Misiones sostiene que las reducciones de emisiones obtenidas a partir de sus políticas públicas deben permanecer bajo la titularidad provincial.
Rojas Decut explicó que los representantes misioneros trabajaron para diferenciar los programas impulsados por los gobiernos provinciales de los proyectos desarrollados por actores privados.
“Ha sido un arduo trabajo de los equipos técnicos para que eso quede plasmado en el proyecto de ley de mercados de carbono y se logre diferenciar bien lo que significa un programa jurisdiccional donde la titularidad, el dueño de los créditos de carbono tiene que ver con la jurisdicción”, sostuvo.
La distinción busca evitar superposiciones entre los resultados ambientales que contabilizan los gobiernos y los que generan las iniciativas privadas. También pretende establecer reglas claras para la participación de ambos sectores en el mercado.
La definición será determinante para Misiones, que busca preservar sus competencias sobre los créditos generados por la protección de los bosques nativos. No obstante, el alcance definitivo de esos derechos dependerá de la redacción final de la ley y de los mecanismos que establezca para su aplicación.
La provincia busca acceder al mercado internacional de emisiones de la aviación
Otro de los objetivos de Misiones es incorporar parte de sus créditos certificados al sistema internacional de compensación de emisiones de la aviación, conocido como CORSIA. Este mecanismo establece obligaciones de compensación para las aerolíneas comprendidas en el esquema.
La senadora indicó que la provincia trabaja desde hace aproximadamente un año con el Ministerio de Hacienda y organismos del Gobierno nacional para avanzar en esa posibilidad.
“Estamos trabajando hace prácticamente un año con el Ministerio de Hacienda y con Jefatura de Gabinete Nacional para poder incorporar parte de estos créditos de carbono en un mercado que es muy competitivo”, señaló.
Para concretar esas operaciones, explicó, es necesario coordinar con la Nación los procedimientos que eviten la doble contabilización de las reducciones de emisiones. Esto implica determinar qué resultados se utilizan para los compromisos climáticos argentinos y cuáles pueden autorizarse para su transferencia a compradores internacionales.
“Nosotros no podemos vender nuestros créditos de carbono al mercado internacional sin el apoyo de Nación”, remarcó Rojas Decut.
La eventual incorporación a CORSIA ampliaría las alternativas para comercializar los créditos misioneros, aunque todavía deben completarse los procedimientos regulatorios y las autorizaciones correspondientes.
El proyecto podría tratarse en una próxima sesión del Senado
Tras las reuniones con representantes de distintos bloques y el trabajo de los equipos técnicos, Rojas Decut afirmó que existen acuerdos para avanzar con el tratamiento de la iniciativa en el recinto.
“Hemos logrado los acuerdos necesarios para que este proyecto de ley ya sea uno de los temas de la próxima sesión que tenga el Senado”, manifestó.
El texto unificado reúne aportes de legisladores de diferentes espacios y busca establecer un marco regulatorio para un mercado que vincula las políticas de reducción de emisiones con oportunidades de inversión y financiamiento.
Si el Senado lo aprueba, el proyecto deberá continuar su tratamiento en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, el dictamen constituye un avance parlamentario, pero todavía no implica la sanción de una ley nacional.
Para Misiones, la discusión definirá las condiciones para comercializar los créditos obtenidos mediante la conservación de sus bosques y el alcance de las competencias provinciales en ese proceso.
Cabotaje: Misiones busca reducir costos logísticos y ampliar las exportaciones
En otro tramo de la entrevista, Rojas Decut se refirió a las gestiones que lleva adelante el Gobierno provincial ante la Nación para modificar el régimen de cabotaje y mejorar las condiciones logísticas de los sectores productivos.
La senadora mencionó la participación del gobernador Hugo Passalacqua en las conversaciones, junto con funcionarios provinciales, entre ellos Ricardo Wellbach, representantes del Ministerio de Hacienda y equipos técnicos del Ministerio de Desregulación de la Nación.
Las gestiones apuntan a introducir cambios normativos que permitan reducir costos de transporte y mejorar las condiciones para el movimiento de mercaderías. Para Misiones, cuya producción necesita conectarse con los principales mercados nacionales e internacionales, la logística representa un factor clave para la competitividad.
En ese sentido, Rojas Decut planteó que las modificaciones deben funcionar como una herramienta para favorecer la actividad económica provincial.
“Hay una necesidad enorme de que sea una herramienta que pueda ayudarnos a nosotros a mejorar la logística”, expresó.
La senadora vinculó los cambios propuestos con la posibilidad de reducir costos, ampliar las exportaciones y atraer inversiones. Así, las gestiones sobre cabotaje se suman a la agenda provincial para mejorar la competitividad de la producción misionera, mientras avanza el debate sobre nuevas herramientas de financiamiento vinculadas con la conservación ambiental.
