La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó al Gobierno nacional que aporte información sobre el ingreso y la salida de Flávio Bolsonaro de la Argentina, en el marco de una investigación por un presunto encubrimiento de su salida de Brasil. La magistrada solicitó datos a Cancillería y a la Dirección Nacional de Migraciones, además de registros de cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido del dirigente brasileño por Puerto Iguazú.
La decisión respondió a un pedido de la fiscal Paloma Ochoa, quien solicitó medidas preliminares para determinar si las autoridades argentinas conocían las restricciones judiciales que pesaban sobre Bolsonaro y si hubo irregularidades en los controles migratorios. Capuchetti requirió a Cancillería que informe si recibió alertas o comunicaciones oficiales sobre su situación judicial, mientras que Migraciones deberá detallar los controles aplicados durante su ingreso por vía terrestre y su posterior salida en un avión privado.
La jueza también pidió registros de cámaras a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y Aeropuertos Argentina. El requerimiento abarca desde el 27 de octubre de 2026 hasta la 1 de la madrugada del día 28, con el objetivo de reconstruir los movimientos del dirigente y su familia, verificar los controles realizados e identificar qué organismos intervinieron.
El recorrido de Bolsonaro por Puerto Iguazú
Según la información difundida sobre el caso, Bolsonaro ingresó a la Argentina durante la noche del martes 27 de octubre, acompañado por su esposa y sus dos hijas. La familia cruzó el puente internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu, Brasil, con Puerto Iguazú, Misiones. De acuerdo con Migraciones, presentó documentación válida y no registraba impedimentos legales en los sistemas argentinos.
Después, el dirigente abordó un avión privado de la empresa Baires Fly en Puerto Iguazú, con destino a Guayaquil, Ecuador, antes de continuar hacia Miami, Estados Unidos. Según la reconstrucción los hechos, habría utilizado su documento brasileño para ingresar al país y su pasaporte italiano para salir.
El episodio tomó relevancia porque el juez brasileño Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, había dispuesto la retención de sus pasaportes y una prohibición de salida de Brasil en el marco de una investigación judicial.
Las denuncias por presunto encubrimiento
La causa que tramita ante Capuchetti se originó en una denuncia del dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano, quien señaló al presidente Javier Milei y a otros funcionarios por su presunta participación en el encubrimiento del traslado. También se presentaron denuncias del diputado nacional Esteban Paulón y de la diputada Marcela Pagano, esta última en los tribunales federales de Puerto Iguazú.
Uno de los puntos centrales será determinar si existió alguna omisión en los controles migratorios o si funcionarios argentinos conocían las restricciones judiciales y facilitaron el traslado.
Sin embargo, según la reconstrucción de los hechos, Bolsonaro no tenía un pedido de captura internacional ni una alerta roja de Interpol que obligara a las autoridades argentinas a detenerlo. Las medidas ordenadas son preliminares y no prueban la comisión de un delito: por eso la Justicia busca reunir documentación antes de determinar si corresponde avanzar con otras actuaciones.
