El Gobierno del presidente Donald Trump acudió este lunes a la Corte Suprema de Estados Unidos para intentar bloquear 20.000 votos en California. A través de una presentación de emergencia, el Departamento de Justicia (DOJ) solicitó que las autoridades electorales aparten las boletas identificadas y verifiquen la ciudadanía de quienes las enviaron antes de incorporarlas al recuento.
La iniciativa se produjo después de que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito rechazara los argumentos del Ejecutivo para avanzar con la medida. De esta manera, la administración Trump sumó un nuevo revés judicial en su intento de excluir las papeletas, cuya validez puso en duda por la presunta participación de personas que no reúnen los requisitos legales para votar.
La semana pasada, el Gobierno ya había recibido dos decisiones adversas en su ofensiva para apartar los más de 20.000 sufragios. Tanto el tribunal de primera instancia como la Cámara de Apelaciones consideraron que la solicitud entraba en conflicto con las atribuciones constitucionales de los estados para organizar y administrar sus propios procesos electorales.
En su resolución del viernes, los jueces del Noveno Circuito remarcaron que la Constitución estadounidense reconoce a los estados la potestad de establecer sus procedimientos electorales. «Si los Estados Unidos consideran que son necesarios procedimientos distintos para los votos por correo, creemos que deberían presentar esa sugerencia ante el Congreso, no ante los tribunales», señalaron.
Los cuestionamientos judiciales a la medida de Trump
El conflicto comenzó con una demanda presentada por el Departamento de Justicia el 15 de octubre. El organismo, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, identificó a más de 20.000 personas que considera posibles votantes no ciudadanos y solicitó que sus papeletas fueran separadas para someterlas a una verificación de ciudadanía.
Sin embargo, el juez David Carter, del Distrito Central de California, rechazó el planteo al considerar que la medida vulneraría la autonomía estatal para organizar los comicios y podría afectar el derecho al voto de ciudadanos estadounidenses.
En su resolución, advirtió que la iniciativa podía privar de un derecho fundamental a miles de electores a partir de acusaciones inciertas y registros susceptibles de contener errores. Además, cuestionó las consecuencias que tendría excluir preventivamente las boletas sin contar con garantías suficientes sobre la identidad y la situación de cada votante.
Por su parte, las autoridades electorales de California también objetaron la confiabilidad del listado presentado por el Gobierno federal. Explicaron que separar las papeletas señaladas resultaría técnicamente complejo, debido a que durante el procesamiento electoral los votos se desvinculan de los sobres que contienen los datos personales de los electores.
Según advirtieron, avanzar con el procedimiento podría generar demoras, complicaciones administrativas e incertidumbre durante el recuento.
Newsom prometió proteger cada voto
La disputa profundizó el enfrentamiento entre la Casa Blanca y el Gobierno de California, encabezado por el gobernador Gavin Newsom, en la antesala de las elecciones de medio mandato.
Frente a las iniciativas federales, Newsom anunció que desplegará abogados especializados en legislación electoral y observadores en distintos puntos del estado. El objetivo, según comunicó, será «proteger cada voto» y garantizar que el proceso se desarrolle sin interferencias.
La decisión también responde a la directriz del Gobierno federal de ubicar agentes en los centros de votación, una medida que incrementó las tensiones entre ambas administraciones.
En ese contexto, Newsom publicó este lunes un mensaje en su cuenta de X en el que volvió a cuestionar al presidente estadounidense: «Mañana emitiremos el veredicto sobre el presidente más corrupto en la historia de EE.UU.».
El nuevo pedido ante la Corte Suprema representa otro capítulo del enfrentamiento político y judicial entre Trump y California, con el derecho al voto, las competencias de los estados y el control de los procedimientos electorales en el centro de la discusión.
