Una denuncia penal ante la Justicia Federal busca investigar presuntas irregularidades y demoras injustificadas en la administración de recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET) destinados a Misiones. La presentación apunta contra un funcionario del Gobierno nacional por posibles incumplimientos en la tramitación de proyectos que sostienen la actividad y la asistencia a miles de productores rurales.
El expediente solicita investigar la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, omisión de actos de oficio y otras figuras penales que pudieran surgir durante el desarrollo de la investigación.
La denuncia fue presentada por el diputado provincial y referente tabacalero del Partido Agrario y Social (Pays), Héctor “Cacho” Bárbaro, contra Marcelo Horacio Reinoso, coordinador de Tabaco de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. El legislador atribuyó al funcionario nacional presuntas irregularidades en la gestión de los Programas Operativos Anuales (POA), mediante los cuales se canaliza el financiamiento de proyectos productivos, sanitarios, de infraestructura y asistencia para el sector.
Más de $97.268 millones pendientes
Según la documentación incorporada a la presentación judicial, Misiones tiene 30 subcomponentes de programas pendientes de aprobación. Sin embargo, solamente 12 cuentan con expedientes formalmente abiertos, mientras que los otros 18 todavía no tienen número de expediente asignado.
Los doce proyectos que cuentan con expediente representan $74.485 millones, mientras que los restantes 18 subcomponentes suman otros $22.783 millones. De esta manera, el monto total comprometido en iniciativas que esperan avanzar en su aprobación supera los $97.268 millones.
La denuncia sostiene que las demoras en la tramitación, evaluación y elevación de los programas para su aprobación comprometen recursos destinados a sostener la producción tabacalera y atender necesidades esenciales de las familias rurales de Misiones.
Salud, producción e infraestructura
Entre las iniciativas alcanzadas por la situación se encuentran programas vinculados con prestaciones de salud, cobertura médica, asistencia productiva, infraestructura, equipamiento y caminos rurales, además de otras herramientas destinadas a fortalecer la actividad tabacalera.
El planteo judicial pone el foco en las consecuencias que la falta de avance administrativo puede generar sobre los productores y sus familias, en un contexto en el que los recursos del Fondo Especial del Tabaco constituyen una herramienta central para el sostenimiento del sector.
La presentación solicita que la Justicia Federal investigue las responsabilidades del funcionario nacional en la administración de estos fondos y determine si las demoras denunciadas configuran conductas penalmente relevantes.
