En Hamburgo, Alemania, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (Itlos) dio inicio a las audiencias públicas para evaluar la solicitud de Argentina orientada a paralizar de inmediato el proyecto de explotación petrolera Sea Lion, impulsado en áreas en disputa por el Reino Unido.
La delegación argentina en territorio alemán, encabezada por la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, y el embajador Mario Oyarzábal, con la exposición técnica del jurista Marcelo Kohen, invocó el artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). El planteo argentino exige cuatro puntos centrales:
Freno inmediato a las operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos a través de Sea Lion;
Abstención británica de otorgar nuevas licencias en el área delimitada;
Preservación de toda la información técnica y ambiental obtenida hasta el momento;
Protección estricta del medio marino frente a eventuales riesgos ambientales.
La fundamentación jurídica argentina se sostiene en las resoluciones 2065 (1965) y 31/49 (1976) de la ONU, que obligan a las partes a no tomar decisiones unilaterales mientras subsista la controversia por la soberanía. Además, la presentación advierte sobre la naturaleza no renovable del petróleo: una vez extraído, el daño es irreversible y no existe fallo posterior que pueda restituir el recurso robado.
Desde la postura británica, la ministra de Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, adelantó que Londres defenderá la legalidad de las licencias otorgadas y la competencia del fuero. No obstante, al existir un desacuerdo sobre los foros elegidos por ambos países para la resolución de fondo -Argentina optó por el TIDM y el Reino Unido por la Corte Internacional de Justicia-, el conflicto sustancial derivará en un tribunal arbitral bajo el Anexo VII de la Convemar.
Por ello, la actuación actual del tribunal de Hamburgo se limita a evaluar si concede las medidas cautelares de emergencia solicitadas por el país. Para fallar a favor de la posición argentina, las autoridades judiciales deberán constatar la jurisdicción prima facie del arbitraje, la veracidad del derecho invocado y la urgencia de la situación.
El cronograma fijado por el presidente del organismo, Maurice Kamga, prevé que el debate continúe este miércoles 11 de noviembre con las réplicas finales de ambas delegaciones, tras lo cual el tribunal quedará en condiciones de expedirse sobre el pedido cautelar.
