Por Sergio Fernández
Hay una diferencia importante entre administrar una provincia y gobernarla. Administrar supone ordenar recursos, sostener servicios y responder a las urgencias. Gobernar, además, implica tomar decisiones políticas sobre qué hacer cuando los recursos no alcanzan, cuando el contexto cambia y cuando las respuestas que antes podían esperarse de otros niveles del Estado dejan de llegar.
En la vida pasa algo parecido. Cuando alguien deja un espacio vacío —por miedo, por falta de compromiso, por desinterés o simplemente porque no se anima a ocuparlo— ese espacio no queda vacío para siempre. Alguien lo ocupa. No siempre quien debería. No siempre quien está mejor preparado. A veces lo ocupa el oportunismo. A veces la desidia. A veces, simplemente, el que llegó primero. La política no es distinta.
Ese parece ser uno de los desafíos centrales que enfrenta Hugo Passalacqua en esta etapa de su gestión. La relación con el Gobierno nacional no está planteada desde la confrontación permanente, pero tampoco desde la resignación. La cordialidad del gobernador, su disposición al diálogo y una forma de hacer política que evita la estridencia no deberían confundirse con falta de firmeza. Hay una idea que atraviesa sus últimas decisiones: reclamar cuando corresponde, pero, sobre todo, hacer cuando depende de Misiones.
Y ahí aparece una característica cada vez más visible de la política provincial. Mientras Nación reduce su presencia en determinadas áreas, la Provincia intenta ocupar parte de ese espacio con respuestas concretas. No siempre son soluciones definitivas, porque sería absurdo pensar que una administración provincial puede reemplazar por completo las responsabilidades nacionales. Pero sí expresan una decisión política: no quedarse esperando. No permitir que el vacío se llene con silencio.
La emergencia yerbatera es un buen ejemplo. La desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate profundizó un escenario de incertidumbre para productores y trabajadores de la cadena, y la Provincia respondió con un proyecto de emergencia por 360 días, la búsqueda de un precio mínimo para la hoja verde de los pequeños productores y asistencia para miles de familias tareferas. Se podrá discutir el alcance de cada medida, pero la lógica es evidente: frente a un problema que excede las fronteras provinciales, Misiones intenta construir una respuesta desde las herramientas que tiene disponibles.
Lo mismo ocurre con otras decisiones que, vistas por separado, pueden parecer menores, pero adquieren otra dimensión cuando se las observa en conjunto: nuevas aulas, equipamiento para hospitales, inversión en infraestructura y programas destinados a sostener la actividad turística en un contexto económico que tampoco ofrece demasiado margen. El dato político no está solamente en el monto de cada inversión, sino en la decisión de priorizar dónde poner los recursos cuando cada peso tiene un costo de oportunidad.
Ese criterio también explica la decisión de redireccionar fondos que estaban previstos para la participación en la Feria Internacional de Turismo hacia un fondo anticíclico para sostener la demanda turística. No es solamente una cuestión presupuestaria. Es una señal sobre una manera de administrar: cuando el escenario cambia, también deben cambiar las prioridades.
Passalacqua parece buscar allí un equilibrio que no siempre resulta sencillo. Por un lado, defender los intereses de Misiones frente a decisiones nacionales que afectan directamente a la economía provincial. Por otro, evitar que esa defensa se transforme en una política de enfrentamiento que termine encerrando a la Provincia en una discusión permanente con Buenos Aires. En ese punto aparece una definición política que conviene observar: no hay grieta como método de gobierno, pero tampoco hay subordinación.
Porque la autonomía no significa que Misiones pueda resolverlo todo sola. Significa, más bien, tener capacidad para decidir qué hacer con lo que tiene, dónde reclamar lo que le corresponde y cuándo es necesario marcar una diferencia. El federalismo, en este contexto, deja de ser solamente una discusión institucional para convertirse en una cuestión concreta: quién se hace cargo cuando una necesidad aparece y la respuesta del Estado nacional no llega.
Por eso la gestión de Passalacqua intenta apoyarse en una secuencia bastante más sencilla que cualquier discurso político: escuchar, decidir, ejecutar y rendir cuentas. Puede parecer una fórmula elemental, pero en tiempos de mucha política declarativa y resultados difíciles de mostrar, recuperar la importancia de hacer tiene también una dimensión política.
La cortesía, en ese esquema, no es una debilidad. Tampoco la firmeza necesita convertirse en grito. El verdadero desafío está en sostener una posición propia sin confundir autoridad con confrontación. Y la autoridad, en definitiva, no se reclama: se construye cuando las decisiones tienen consecuencias concretas sobre la vida cotidiana.
Misiones atraviesa una etapa en la que muchas de las respuestas que antes llegaban desde Nación ahora requieren gestión, creatividad y recursos propios. El margen es estrecho y los problemas son demasiado grandes para cualquier provincia. Pero justamente por eso la política provincial empieza a medirse menos por lo que promete y más por aquello de lo que logra hacerse cargo.
En tiempos de repliegue del Estado nacional, gobernar también consiste en ocupar el espacio que queda vacío. No para reemplazar lo que corresponde a otro, sino para evitar que ese vacío termine convertido en abandono. Y ahí está, probablemente, la discusión política más importante de esta etapa: hasta dónde puede llegar Misiones por sí misma, qué seguirá reclamando hacia afuera y qué está dispuesta a resolver hacia adentro. Porque en la vida, como en la política, el que no ocupa su lugar permite que otro lo haga. Y no siempre ese otro tiene las mejores intenciones.
La bandera y el cálculo
Milei habló 15 minutos en cadena nacional. Pregrabado, desde el Salón Blanco, rodeado de su gabinete. Anunció una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, sanciones a empresas extranjeras, un proyecto de ley de Defensa de la Soberanía y un Consejo de Seguridad Nacional. Dijo que “las Malvinas son argentinas por historia y por derecho”. También dijo que el Reino Unido violó el llamado de Naciones Unidas, que el proyecto Sea Lion está a punto de iniciar la explotación petrolera offshore y que “si no actuamos con firmeza, en pocos meses se apropiarán de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”.
Suena firme. Suena patriótico. Suena a lo que cualquier argentino esperaría escuchar. El problema no es lo que dice. El problema es quién lo dice y cómo lo dice.
Porque el mismo presidente que ahora promete defender la soberanía nacional en Malvinas es el que declaró su admiración por Margaret Thatcher, la primera ministra británica que ordenó el hundimiento del ARA General Belgrano y convirtió la guerra de 1982 en una herramienta para consolidar su poder interno mientras la situación social en Inglaterra se desmoronaba. No hay forma de conciliar esa admiración con un discurso de defensa de la soberanía. O se admira a Thatcher o se defiende Malvinas. Las dos cosas no pueden convivir en el mismo relato.
El anuncio de Milei no es un gesto patriótico. Es un movimiento político de manual. Un intento de apropiarse de un sentimiento colectivo en un momento de desgaste, cuando los números de aprobación caen, la economía no termina de recuperarse y el conflicto con sectores de su propio gobierno se hace cada vez más evidente. La causa Malvinas es demasiado importante para ser utilizada como moneda de cambio. La soberanía no es un cheque en blanco para cualquier gobierno que decida usarla como bandera.
Pero el problema no termina ahí. La oposición, mientras tanto, sigue atrapada en una lógica que parece no haber aprendido nada de los últimos años. Sigue discutiendo internas, sigue midiendo nombres, sigue reaccionando a los movimientos del oficialismo sin comprender las causas profundas que llevaron a los argentinos a elegir a Milei. Sigue sin entender que el fenómeno libertario no es un accidente. Es una expresión de bronca, de hartazgo y de una demanda de cambio que los partidos tradicionales no supieron interpretar. No se puede enfrentar a un adversario sin conocer sus fortalezas. No se puede construir una alternativa sin entender por qué el otro llegó al poder. La oposición sigue comportándose como si el tiempo trabajara a su favor, como si el desgaste del Gobierno fuera suficiente para garantizar su regreso. Pero el tiempo no trabaja solo. El desgaste ajeno no es una estrategia.
Milei puede hablar de Malvinas. Puede anunciar bases navales, sanciones y proyectos de ley. Puede rodearse de su gabinete y decir que no se quedará de brazos cruzados. Pero también tiene que responder por qué admira a quien ordenó la guerra que nos arrebató las islas. La oposición, por su parte, tendrá que explicar por qué sigue sin entender el país que la llevó a perder el poder.
La soberanía no se negocia. La política, tampoco.
