El Senado de la Nación lleva adelante una nueva sesión este jueves con diferentes temas a tratar. Para la ocasión, Misiones incorpora su experiencia en conservación ambiental para el debate de la ley nacional sobre mercados de carbono. El objetivo central de la propuesta impulsada por la senadora misionera Sonia Rojas Decut, tiene por objetivo central establecer un marco normativo que permita impulsar inversiones. Además, reconocer el valor económico de los bosques y garantizar el respeto por las competencias de las provincias.
De esa manera, se busca avanzar en reglas que brinden previsibilidad al desarrollo de los mercados de carbono y generen nuevas oportunidades de financiamiento para las jurisdicciones que protegen sus recursos naturales.
“Esta ley se escribe a partir de lo que Misiones ya demostró que funciona”
Al respecto, la senadora Rojas Decut defendió la necesidad de que la regulación nacional tome como referencia los avances de las provincias. “Desde nuestro bloque sostenemos que esta ley no se escribe desde un escritorio en Buenos Aires: se escribe a partir de lo que Misiones ya demostró que funciona”, sostuvo.
El camino legislativo tuvo un hito el 19 de mayo, cuando Rojas Decut y Arce, con el acompañamiento de Flavia Royón, encabezaron una conferencia en el Salón Azul del Senado sobre mercados de carbono, federalismo e innovación financiera. El encuentro reunió a funcionarios, especialistas y representantes del sector privado para analizar cómo insertar a la Argentina en los mercados internacionales con reglas claras y previsibilidad.
En aquella oportunidad, la senadora destacó el potencial económico de los recursos naturales. “Argentina está frente a una oportunidad histórica: transformar su capital natural en una plataforma de desarrollo nacional, atracción de inversiones, innovación y posicionamiento competitivo en la economía climática global”, expresó.
El debate continuó en tres reuniones plenarias de las comisiones de Legislación General, Ambiente y Desarrollo Sustentable, y Presupuesto y Hacienda. Allí participaron representantes del agro, la industria forestal, las certificadoras internacionales, el mercado de capitales, las organizaciones ambientales y los gobiernos provinciales, con distintas miradas sobre cómo articular los programas jurisdiccionales y los proyectos privados.
Desarrollo, inversión y soberanía
A comienzos de septiembre, las comisiones firmaron un dictamen que unificó las iniciativas. Rojas Decut acompañó el texto con una disidencia parcial, al advertir sobre disposiciones que, a su entender, podían obstaculizar el desarrollo de los programas provinciales, afectar los derechos de los propietarios o desconocer el funcionamiento de los estándares internacionales.
“La Argentina no debería legislar desconociendo esa experiencia. Debería legislar a partir de ella”, afirmó la senadora, quien continuó trabajando con equipos legislativos y técnicos para acercar posiciones sin abandonar los planteos de Misiones.
En ese proceso, defendió un marco que combine seguridad jurídica, participación y libertad para desarrollar proyectos, sin desplazar las atribuciones provinciales. “Se pueden lograr acuerdos sin resignar principios. Nuestro proyecto busca que la Argentina pueda transformar su patrimonio natural en una plataforma de desarrollo, de inversión y soberanía, sin resignar el dominio de sus recursos, sin burocratizar las decisiones y sin vender un solo metro de su territorio”, aseguró.
Un nuevo campo de exportación para el país
La ley para regular los mercados de carbono en Argentina podría generar exportaciones que irían desde 1.400 hasta 3.900 millones de dólares anuales, según estimaciones privadas.
La discusión adquiere especial relevancia para Misiones, que desde 2021 desarrolla un programa jurisdiccional de créditos de carbono basado en la protección de la Selva Paranaense. Así, la provincia ya cuenta con más de 10,9 millones de créditos certificados correspondientes al período 2017-2022, bajo estándares internacionales administrados por Verra.
Misiones también avanzó en un mecanismo de distribución de los futuros ingresos provenientes de la comercialización de créditos de carbono.
El esquema provincial contempla destinar el 45% de esos recursos a propietarios de bosques nativos, el 35% a programas estatales de conservación y el 20% a proyectos sustentables de emprendedores, municipios, organizaciones, comunidades indígenas y universidades.
Estos porcentajes corresponden al programa misionero y no constituyen una distribución obligatoria prevista para todas las provincias por la legislación nacional.
La discusión por la autonomía de las provincias
Uno de los principales puntos de negociación parlamentaria es cómo establecer reglas nacionales sin interferir en las competencias provinciales sobre sus recursos naturales. La Constitución Nacional reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios, mientras que la Nación tiene facultades para establecer presupuestos mínimos de protección ambiental.
En ese marco, Rojas Decut y Arce impulsaron una iniciativa para compatibilizar la regulación nacional con los programas provinciales de conservación y los derechos de quienes participan de estos mercados. La senadora misionera sintetizó su posición con una definición: “Coordinación nacional sin subordinación provincial”.
El dictamen contempla la creación de un registro nacional, reglas sobre la titularidad de los créditos, el funcionamiento del mercado voluntario y mecanismos para su integración al mercado de capitales.
También incorpora incentivos fiscales destinados a promover inversiones, entre ellos beneficios vinculados con la primera comercialización de créditos y con el desarrollo de tecnologías de monitoreo.
Por ello, el desafío legislativo es garantizar que la regulación nacional facilite las operaciones comerciales sin generar conflictos de competencias con las jurisdicciones que ya cuentan con programas propios.
