Más de 200 anestesiólogos presentaron formalmente sus renuncias ante el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPYBS), en una medida que afecta entre el 70% y el 80% de los profesionales de la especialidad a nivel nacional. El movimiento alcanza entre 330 y 350 vínculos laborales dentro del sistema público.
Los representantes del sector atribuyen la decisión a la precariedad de las condiciones laborales, el desabastecimiento de insumos y medicamentos y la falta de una respuesta a sus reclamos salariales. Según señalaron, la escasez de elementos básicos para la atención de emergencias se extiende desde hace casi un año.
Denuncian falta de insumos en hospitales
La medida alcanza a hospitales de referencia de Asunción y del interior del país, entre ellos el Hospital de Trauma, Hospital Nacional de Itauguá, Ineram, Instituto de Medicina Tropical, Hospital General de Luque, Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu, Materno Infantil de San Pablo y Hospital Cardiológico San Jorge.
También afecta a centros regionales de Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo, Villarrica y Salto del Guairá, entre otros establecimientos. La situación resulta especialmente crítica en el Hospital de Encarnación. De un plantel de 19 anestesiólogos, solo tres permanecen en funciones, según los datos proporcionados por el sector.
La Dra. Nélida Caballero, anestesióloga del Hospital Pediátrico Acosta Ñu, explicó el impacto que tendría una reducción de este personal en los servicios médicos.
“Sin los anestesiólogos no se pueden realizar cirugías de urgencia ni programadas. Tampoco procedimientos de diagnóstico especializado como endoscopías, colonoscopías o estudios con sedación, ni la asistencia de reanimación crítica en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI)”.
Caballero señaló que el problema no se limita a la cantidad de profesionales disponibles, sino también a la falta de elementos necesarios para responder ante situaciones críticas.
Desde el Sindicato de Médicos Anestesiólogos del Paraguay, las doctoras Sara Burgos y Nélida Caballero señalaron que entre los insumos faltantes figuran tubos endotraqueales y medicamentos inotrópicos, elementos utilizados en procedimientos de reanimación.
Según las profesionales, ante la ausencia de estos recursos, en determinadas situaciones los pacientes o los propios médicos deben afrontar el costo de los insumos necesarios para una emergencia.
“La precariedad de nuestro ambiente laboral llegó al extremo. El Gobierno promete partidas presupuestarias, pero muchas veces se destinan únicamente al pago de deudas de ejercicios anteriores y no vemos los insumos en físico en las salas de operación”, afirmó Caballero.
Reclamo salarial y plazos para una respuesta
Las anestesiólogas también cuestionaron que el conflicto pueda resolverse únicamente con la equiparación de contratados o con nuevos nombramientos. El sector reclama una revisión salarial acorde con la formación y las exigencias de la especialidad.
Los profesionales señalan que la preparación para ejercer anestesiología demanda entre 10 y 12 años de formación universitaria y especializada, además de extensas jornadas, traslados entre establecimientos y un elevado nivel de responsabilidad durante procedimientos quirúrgicos y situaciones de emergencia.
Con la presentación de las renuncias, el Ministerio de Salud debe cumplir los plazos administrativos establecidos para cada modalidad laboral. Para los médicos nombrados, el plazo es de 10 días para emitir las resoluciones correspondientes, mientras que para los profesionales contratados alcanza los 30 días.
El sector espera una respuesta dentro de esos plazos. Si no existen garantías concretas sobre las condiciones de trabajo, disponibilidad de insumos y situación salarial, las renuncias podrían dejar fuera del sistema público a una parte mayoritaria de los anestesiólogos y afectar la atención de cirugías, urgencias, procedimientos con sedación y servicios de reanimación en hospitales de todo el país.
