El expresidente de Paraguay Santiago Peña se expone a una pena máxima de 15 años de cárcel como parte de la investigación en su contra por el caso del intervenido Ueno bank. La entidad tiene vínculos con el exmandatario. Distintas organizaciones estatales depositaron millonarios recursos en el banco durante su gestión.
“La pena que podría ser aplicada (…), conforme a las calificaciones que ahora están previstas, es de hasta 15 años de pena privativa de libertad por un concurso, ya que es más de un hecho punible”, explicó la fiscal Verónica Valdez en una conferencia de prensa.
Peña tiene 47 años y llegó al poder en 2023. El Senado resolvió su destitución el pasado viernes tras la declaración de culpabilidad por “mal desempeño de funciones”. El escándalo de Ueno bank involucra a otras 27 personas investigadas de la entidad y sus empresas relacionadas, entre ellas ocho exdirectivos.
Contra los exdirectivos, indicó el fiscal Francisco Cabrera, la causa mantiene “una expectativa de pena de hasta 12 años”.
“Eventualmente, si hay una modificación de una calificación (en los presuntos delitos de los que han sido acusados), también va a haber una modificación del marco penal, pero esa es la expectativa de pena mayor (a la) que están expuestos”, agregó el funcionario.
Imputación y delitos atribuidos para Santiago Peña
El Ministerio Público imputó el pasado sábado a Peña por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y por administración en provecho propio, como autor. La medida ocurrió posterior a su comparecencia en una diligencia horas después de su detención tras el juicio político.
La imputación fiscal indica que el expresidente “habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales” en ese banco.
Además, la investigación sostiene que “habría mantenido una relación económica y corporativa previa” con Ueno Holding, un grupo empresarial con inclusión de la intervenida entidad financiera.
Detalles financieros y situación judicial
En concreto, detalla la acusación fiscal, el exjefe de Estado tenía acciones en Ueno Holding. La participación representaba el 1,58 % del capital de esa compañía. La acusación incluye un certificado de depósitos de ahorro en Ueno y un bono en la firma Itti, todas compañías del Grupo Vázquez, propietario del conglomerado.
En marzo de 2025, durante su mandato, ocurrió la venta de la participación en el conglomerado. El dato consta en el relato de la acusación de los diputados impulsores del juicio político.
El mismo sábado, la resolución del juez penal de Garantías de Delitos Económicos Humberto Otazú dispuso la medida cautelar tras la audiencia de imposición de medidas. Peña “debe estar bajo la figura de la prisión preventiva para garantizar su sometimiento a este procedimiento”, argumentó el magistrado.
El juez determinó el traslado y permanencia del expresidente en el Regimiento Guardia Presidencial, una unidad militar ubicada en Asunción.
