En medio del debate nacional por los recortes y demoras en los pagos de prestaciones de discapacidad, el juez federal de Córdoba, Hugo Vaca Narvaja, ordenó al PAMI y al Ministerio de Salud de la Nación, a través del programa Incluir Salud, “normalizar” esos pagos “de manera urgente”.
La resolución establece un plazo máximo de 72 horas para que el Gobierno nacional cumpla con la orden. La medida cautelar tendrá vigencia por seis meses o hasta que exista una sentencia firme. El magistrado advirtió que habrá apercibimiento de ley en caso de incumplimiento por parte de los organismos nacionales.
El fallo responde a un amparo colectivo presentado por la abogada Marta Lastra, en representación del colectivo “Defendamos Córdoba”. En este sentido, participaron instituciones como Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y centros terapéuticos locales que denunciaron la falta de pagos.
La resolución busca proteger a quienes perciben pensiones no contributivas y a los beneficiarios del Certificado Único de Discapacidad (CUD). Además, el juez remarcó que la continuidad de servicios esenciales está en riesgo por la interrupción de los pagos.
Demoras crónicas en los pagos
“La falta de cobertura o la interrupción de un tratamiento genera retrocesos en el grado de desarrollo alcanzado mediante la intervención terapéutica, y el esfuerzo aplicado en sostener esos espacios por parte de los grupos familiares y personas responsables del cuidado de las personas con discapacidad”, señala el texto.
Al respecto menciona un informe del Centro Educativo Mi Lugar: “Además de los inconvenientes económicos financieros que genera el retraso en los pagos, la interrupción de la periodicidad de estos constituye un agravante sustancial, que pone seriamente en riesgo la continuidad de las prestaciones con la normalidad que requiere una población altamente vulnerable…”.
La resolución también plantea que el Estado intentó “evadir o dilatar sus obligaciones constitucionales de protección integral”. Además, ejemplifica con el caso del Cottolengo Don Orione, que debió afrontar una deuda de $41 millones en intereses ante Arca por aportes y contribuciones impagas durante 2026.
Movilización y reclamos
Hace un mes, organizaciones vinculadas a la discapacidad, familiares y personas afectadas se movilizaron al Ministerio de Economía. Allí reclamaron por la deuda acumulada con prestadores y profesionales, y exigieron la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada el año pasado.
La norma fue promulgada, sin embargo, el Poder Ejecutivo suspendió su ejecución. El argumento se basa en el artículo 5°, que condiciona su aplicación a que el Congreso determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas en el presupuesto nacional.
