La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) salió al cruce de la Inspección General de Justicia (IGJ), que solicitó al Ministerio de Justicia la designación de veedores para acceder a información contable y financiera que la entidad no habría entregado. Claudio “Chiqui” Tapia encabezó un comunicado de siete puntos en el que calificó la medida como ilegítima y con un claro trasfondo político.
La IGJ, a través de una resolución firmada por el inspector general Daniel Roque Vítolo, detectó “graves irregularidades” en el manejo de la entidad. El organismo sostiene que la información fue requerida en reiteradas oportunidades sin obtener respuesta, lo que motivó el pedido de veedores para acceder a los datos contables y financieros que la AFA retendría.
Desde la Casa Madre del fútbol argentino respondieron con dureza. “La AFA no será sometida a una veeduría ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley”, afirmaron en el comunicado que lleva la firma de Tapia.
El texto oficial cuestiona la contradicción del organismo de control. “Si la veeduría no es una sanción, ¿por qué se funda en “graves irregularidades”? Porque si las irregularidades fueran realmente graves, la IGJ tendría la obligación legal de aplicar sanciones”, plantearon en uno de los puntos.
La AFA también defendió su reciente cambio de domicilio a la provincia de Buenos Aires, cuestionado por la IGJ. “La IGJ insiste en que la sede de Pilar es “falsa” porque en el predio no hay oficinas. Pero omite mencionar que el cambio de domicilio fue aprobado por la autoridad provincial competente”, argumentaron.
El comunicado apunta directamente a las intenciones del Gobierno nacional. “No se trata de controlar una asociación civil, sino de ejecutar una política pública que busca imponer las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) a través del debilitamiento institucional de la AFA”, denunciaron.
En el mensaje final dirigido “al fútbol argentino y al pueblo”, la entidad reafirmó su postura. “Este deporte no será cooptado por operaciones políticas ni por intereses empresariales que pretenden convertir a nuestras instituciones en mercancía”, sentenciaron, dejando abierto el conflicto con el organismo de control estatal.
