El juicio de los Cuadernos de las coimas continuó este jueves en el Tribunal Oral Federal N°7, donde se desarrolló la novena audiencia con la lectura de las imputaciones de la fiscalía. La actividad se centró en uno de los expedientes paralelos que investiga la cartelización de la obra pública, conocido como “La Camarita”.
Tras siete audiencias, casi 800 páginas y más de 230 mil palabras, los secretarios del tribunal continuaron enumerando las acusaciones contra los 52 imputados. Entre ellos se encuentran el financista Ernest Clarens, el empresario Carlos Wagner y el exsecretario de Obra Pública, José López.
Según se detalló, el esquema consistía en un reparto de proyectos con dinero público que garantizaba retornos de entre un 3 y 20 por ciento. En este sentido, el fiscal Carlos Stornelli explicó que la acusación revela la promiscuidad entre poder político y empresarial.
José López declaró como imputado colaborador y describió cómo funcionaba la distribución de coimas. “Todos los meses, con la información de los certificados de obra que me entregaban los directivos de la DNV, y con el cupo presupuestario o monto disponible para pagar ese mes a las empresas que lo fijaba Roberto Baratta y el ministro De Vido, yo desarrollaba en forma proporcional el listado que le correspondía cobrar a cada empresa”, indicó.
López agregó que el listado era entregado a Cristina Fernández de Kirchner y a De Vido para su aprobación. “Era un listado objetivo, yo no decidía nada. Lo entregaba a ambos para su aprobación”, sostuvo. Además, explicó cómo la presidenta definía los montos para las empresas más grandes y el resto se repartía proporcionalmente.
El financista Ernest Clarens, considerado el gestor de los pagos, fue clave en la causa. Relató que recibía el dinero, lo cambiaba a dólares y se lo entregaba a López. Afirmó que este mecanismo continuó tras la muerte de Néstor Kirchner, y que el dinero circulante rondó los 30 millones de dólares.
Clarens precisó que los empresarios se veían obligados a colaborar con la “Camarita” para que se les pagaran los certificados. Algunos realizaron pagos en efectivo de su propio peculio para garantizar la continuidad de sus obras. “Realicé algunos pagos de mi propio peculio en sus oficinas de la calle Maipú. El objetivo era lograr la continuidad de la obra más grande que tenía en cartera”, afirmó.
Aldo Benito Roggio también aparece como imputado, acusado de haber realizado aportes. Clarens indicó que los pagos de la firma se realizaban a través del contador Scuncia, sin que él tuviera trato directo con Roggio. En este sentido, otro empresario, José Gerardo Cartellone, corroboró que Clarens gestionaba los pagos de certificados morosos, aunque no recibió dinero por ello.
La fiscalía detalla más de 500 pruebas contra CFK, De Vido y empresarios
El exempleado de Vialidad, Sergio Passacantando, describió el trato con López como difícil y autoritario. “Lo indicaba a quién pagarle, yo no tenía el poder de cambiar esa decisión, yo estaba muy por debajo de López”, afirmó. Aclaró que no conoció personalmente a De Vido ni a los Kirchner.
Durante la audiencia, se detallaron 535 enumeraciones de prueba con informes de pericias y declaraciones. Luego de la lectura de las acusaciones, los acusados podrán presentar sus descargos. En su momento, CFK y De Vido negaron las imputaciones y la expresidenta calificó la causa como una “movida judicial”.
Los empresarios implicados narraron cómo operaba el sistema de adjudicación de obras. Armani, representante de Vialmani S.A., aseguró que Clarens ofrecía financiamiento a cambio de “aportes de dinero en efectivo y voluntarios” para poder continuar con los proyectos.
El Tribunal pasó a un cuarto intermedio y retomó la audiencia más tarde. La lectura detallada y las confesiones de los arrepentidos permitieron a los jueces y al público comprender la mecánica del esquema de coimas que operó entre 2011 y 2015, con funcionarios y empresarios coordinando pagos y porcentajes sobre obras viales.
El proceso continuará el martes 16, a las 13:30, para su décima jornada. Según fuentes judiciales, las audiencias continuarán hasta el martes 30 de diciembre. Luego, el proceso se frenará por la feria judicial de verano, para ser retomado el 2 de febrero del 2026, con el inicio de la ronda de indagatorias que se realizarán de forma presencial en la sala del Tribunal Federal N°7.
