El Tribunal Oral Federal N° 7, integrado por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, avanzó este jueves con la séptima audiencia del juicio por la causa Cuadernos. Los jueces continuaron la lectura del requerimiento de elevación a juicio presentado por la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante.
Bajo la conducción de Paul Starc, la UIF señaló a Cristina Fernández de Kirchner como la “principal artífice” de una organización criminal dedicada a la recaudación de fondos ilegales. En tanto, ubicó el origen y el funcionamiento del esquema durante su administración. La querella sostuvo que la estructura operó durante varios años.
Según el planteo del organismo, la operatoria funcionó entre 2008 y 2015 y buscó establecer un sistema sostenido de recaudación de dinero ilícito. La UIF afirmó que el objetivo fue enriquecerse de manera ilegítima y financiar otros delitos. Además, destacó que los responsables aprovecharon la posición de poder de funcionarios del Ejecutivo nacional.
Al igual que la fiscalía, la querella aseguró que Néstor Kirchner y Cristina Fernández encabezaron la organización. Detalló que el flujo de dinero llegaba de forma alternada a los titulares del Poder Ejecutivo o a sus secretarios privados. Los fondos se entregaban en domicilios como Uruguay 1306, Juncal 1411, la Residencia de Olivos y la Casa Rosada.
La UIF afirmó que parte del dinero se redistribuía entre diferentes funcionarios. El organismo citó las declaraciones de Claudio Uberti y del financista Ernesto Clarens, quienes dijeron haber entregado fondos al fallecido secretario presidencial Daniel Muñoz en el departamento de Juncal y Uruguay. Resaltó que esos testimonios “refuerzan la participación y el rol de liderazgo de la expresidente”.
El esquema ilegal investigado en el juicio
La querella mencionó la declaración de Carlos Wagner, antiguo titular de la Cámara Argentina de la Construcción. Wagner describió una reactivación del esquema desde 2012 y explicó que la operatoria se mantuvo hasta el final del segundo mandato de Fernández de Kirchner. Clarens también detalló aportes de firmas como Esuco, Cartellone, Chediack y Roggio, vinculados a la financiación de campañas políticas.
La UIF describió el circuito como “permanente, dinámico y aceitado”, con retornos ilícitos provenientes de empresas contratistas del Estado. Según la acusación, las compañías debían entregar un porcentaje de los pagos estatales para acceder a obras públicas, concesiones viales o subsidios. También, la querella remarcó que las pruebas sostienen la existencia de un flujo continuo de dinero hacia los expresidentes.
En su requerimiento, el organismo citó resoluciones que mencionan bolsos con dinero trasladados a domicilios de Recoleta, Olivos o la Casa Rosada y luego enviados a Río Gallegos. La UIF insistió en que Cristina Fernández ocupó la jefatura de la asociación ilícita. Según la querella, tras la muerte de Néstor Kirchner, “se consolidó como la principal responsable de una estructura destinada al enriquecimiento personal y a la financiación de otras actividades ilegales”.
