El juez federal Daniel Rafecas procesó a ocho ciudadanos iraníes y libaneses por el atentado contra la sede de la AMIA. El magistrado les atribuyó participación en la organización y ejecución del ataque perpetrado en Buenos Aires. La decisión judicial dispuso embargos por US$500 millones para cada uno de los acusados. La medida patrimonial busca cubrir las responsabilidades civiles derivados del hecho criminal.
El fallo cuenta con una extensión superior a las 600 páginas. La resolución aplica el régimen de juicio en ausencia en el marco de la ley 27.784. Esta normativa permitió el avance del proceso judicial contra los sospechosos. Los imputados mantienen su condición de prófugos en el extranjero desde hace décadas.

La reconstrucción del expediente ubica la decisión del ataque en agosto de 1993. Las máximas instancias del régimen iraní encomendaron la tarea a la organización Hezbollah. La estructura terrorista montó una red de apoyo regional y local para el plan criminal. Las operaciones tuvieron su base estratégica en la zona de la Triple Frontera.
Causa AMIA: los procesados y sus respectivos roles en la estructura
Rafecas procesó como autores mediatos a Ali Fallahijan, exministro de Inteligencia iraní, y a Ali Velayati, exministro de Relaciones Exteriores. La medida alcanzó con la misma figura a Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria, y a Ahmad Vahidi, comandante de la fuerza Al Quds.
El juez imputó como cómplices necesarios a Hadi Soleimanpour, exembajador iraní en la Argentina, a Mohsen Rabbani, exconsejero cultural de la sede diplomática, y a Ahmad Asghari, agente de inteligencia. La resolución incluyó también a Salman Raouf Salman, identificado como Samuel El Reda, por la coordinación de la etapa final.

Preparación del vehículo y calificación jurídica de los hechos
La investigación detalló la compra de una camioneta Renault Trafic el 10 de julio de 1994. Los responsables acondicionaron el vehículo con una carga de 300 kilos de amonal y TNT. El coche bomba explotó el 18 de julio contra el edificio de la AMIA. El ataque provocó 85 muertes, 151 heridos y graves daños materiales en la zona.
El magistrado encuadró los hechos en homicidios y lesiones reiteradas, agravados por odio racial o religioso. La calificación abarcó el uso de un medio peligroso, daño agravado por motivos discriminatorios, lesa humanidad y genocidio.
El juzgado dispuso la falta de mérito para Abdallah Salman y Hussein Mouzannar, sin tratamiento para Alí Khamenei, Imad Mughniyeh y Ali Hussein Abdallah por sus fallecimientos en 2026, 2008 y 2020. La Defensa Oficial evaluará la apelación previa al traslado a las partes hacia el juicio oral.
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