Desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) se convirtió, según la Justicia, en un espacio de enriquecimiento ilícito. Una organización integrada por funcionarios y empresarios habría desviado fondos públicos destinados a garantizar derechos básicos de personas con discapacidad.
Las maniobras incluían contrataciones direccionadas, sobreprecios en medicamentos e insumos y el pago de sobornos. El pasado lunes, el juez Sebastián Casanello (quien ya no sigue en la causa) procesó a 19 personas, encabezadas por el exdirector Diego Spagnuolo, amigo y abogado personal del presidente Javier Milei.
Los delitos imputados abarcan asociación ilícita, defraudación contra la administración pública, cohecho y negociaciones incompatibles. En este sentido, seis exfuncionarios y trece empresarios del sector farmacéutico quedaron involucrados en el expediente.
La investigación se inició en agosto de 2024, tras la filtración de audios en los que Spagnuolo describía un sistema de sobornos en las compras de medicamentos. Según sus dichos, la recaudación alcanzaba entre 500 mil y 800 mil dólares mensuales.
En esas grabaciones, el exfuncionario mencionaba a Karina Milei, hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia. Aseguraba que los proveedores pagaban un ocho por ciento en sobornos y que el tres por ciento llegaba a ella.
“La Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización”, señala la resolución de Casanello, quien ahora es reemplazado por Ariel Lijo. El juez remarcó que la finalidad pública de la Andis quedó relegada frente a intereses privados.
Los audios filtrados que revelaron la trama de sobornos
El documento judicial, de 300 páginas, describe maniobras fraudulentas en contrataciones con sobreprecios y entrega de dádivas. Spagnuolo aparece como jefe de la asociación ilícita junto a Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, vinculados a laboratorios como Génesis, New Farma y Floresta.
El fiscal Franco Picardi sostuvo que Spagnuolo recibió grandes sumas de dinero en efectivo y en especie. Casanello agregó que el exdirector incrementó su patrimonio de manera considerable respecto de sus ingresos legítimos declarados.
Los cuatro presuntos líderes continúan en libertad, aunque con embargos millonarios. En el caso de Spagnuolo, la cifra supera los 202 mil millones de pesos, equivalentes a unos 135 millones de dólares.
La resolución excluyó por ahora a los empresarios de la droguería Suizo Argentina, Jonathan y Emmanuel Kovalivker. Su defensa había pedido la nulidad de la causa, alegando que los audios filtrados eran ilícitos, pero el juez rechazó el planteo.
Por el momento, la Justicia no avanzó sobre la presunta vinculación de Karina Milei. Sin embargo, quedó abierta la posibilidad de profundizar la pesquisa. “La investigación no debiera dejar tales aspectos de lado, sino que deberán ser esclarecidos y profundizados”, advirtió.
