La Justicia en lo Penal Económico otorgó una autorización al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. El dirigente tiene el aval para la salida del país entre el 18 y el 20 de marzo con destino a Paraguay. El motivo del viaje es su participación en el sorteo de competiciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
El juez Diego Amarante firmó la resolución en el marco de una investigación por presunta retención indebida de aportes. Como condición necesaria para el traslado al exterior, el magistrado dispuso una caución de 30 millones de pesos. Este depósito garantiza la sujeción del imputado al proceso judicial vigente.
Definiciones inminentes en el juzgado
La causa atraviesa una etapa fundamental tras la finalización de las rondas de indagatorias a los directivos. Con los escritos de defensa ya incorporados al expediente, el juez cuenta con los elementos para resolver la situación procesal. El tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, también forma parte de este escenario legal.
A partir de este momento, el juzgado dispone de un plazo de diez días hábiles para su pronunciamiento. Existen tres alternativas legales posibles para los imputados: el procesamiento, el sobreseimiento o la falta de mérito. Esta decisión marcará el rumbo de la acusación impulsada por el organismo recaudador ARCA.
El origen de la millonaria deuda fiscal
La investigación central pone el foco en el manejo de los fondos de la seguridad social por parte de la AFA. La entidad supuestamente omitió el pago del Impuesto a las Ganancias, el IVA y los aportes previsionales. El período bajo la lupa de la justicia comprende desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025.
El monto total del presunto incumplimiento asciende a los 19.300 millones de pesos. La ley establece la configuración del delito ante la falta de pago tras 30 días del vencimiento del impuesto. La acusación describe 69 hechos que concurren entre sí a lo largo de 19 meses consecutivos.
Según la postura oficial de ARCA, la asociación funcionó como agente de retención de estos recursos. Los fondos no eran propios de la AFA, sino dinero de los contribuyentes bajo deducción. El organismo sostiene que la entidad poseía capacidad financiera suficiente por el ingreso de 500 mil millones de pesos en ese lapso.
Los argumentos de la defensa técnica
Los dirigentes de la AFA rechazan la existencia de cualquier tipo de incumplimiento o voluntad criminal. Ante la justicia, Tapia y Toviggino mencionaron la vigencia de una disposición administrativa de alivio fiscal. Según esta mirada, dicha norma impedía la ejecución de deudas impositivas para asociaciones civiles.
El tesorero de la entidad reafirmó esta posición en su presentación ante el magistrado Diego Amarante. En el documento, el directivo sostuvo: “No existió ardid ni engaño alguno, sino una conducta ajustada a resoluciones administrativas dictadas en el marco de una política estatal de alivio y regularización fiscal”.
Asimismo, la defensa técnica buscó descartar la intención de dolo en el manejo contable de la asociación. Toviggino remarcó en su escrito que “Está ausente el elemento subjetivo requerido y no puede atribuirse voluntad criminal”. Para los acusados, la deuda ya se encuentra bajo un proceso de regularización.
Finalmente, los abogados de la AFA denunciaron una presunta persecución por parte del Gobierno nacional. El pedido de sobreseimiento por parte de los imputados recibió el rechazo inicial del juez de la causa. Esta resolución está actualmente bajo análisis de la Cámara en lo Penal Económico tras la apelación de la defensa.
