La causa por contrataciones irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este lunes una declaración clave. Roger Edgar Grant, excoordinador del área de Gestión de Urgencias, reconoció que los procesos de compra de medicamentos estaban direccionados y afirmó que actuaba por instrucción directa de Daniel María Garbellini, entonces mano derecha del exdirector Diego Spagnuolo.
Durante su indagatoria, Grant admitió “gran parte de los procedimientos irregulares” del programa PACBI y aseguró que todas las decisiones operativas se tomaban siguiendo las órdenes de Garbellini. Según reconstruyeron fuentes judiciales, dijo que consultaba con él “qué droguerías podían cotizar, cómo manejar los plazos y qué movimientos realizar en el sistema”.
El exfuncionario también reconoció que recibía indicaciones sobre altas y bajas dentro del SIIPFIS y que seguía de cerca qué proveedores habían logrado presentar ofertas. Su testimonio reforzó la hipótesis de que el direccionamiento estaba centralizado en Garbellini, mientras que él cumplía un rol meramente ejecutor. Sin embargo, evitó referirse a supuestos pagos ilícitos o coimas.
Otro elemento que compromete a Grant es la aparición de su nombre en cuadernos secuestrados en un allanamiento a la vivienda de Miguel Ángel Calvete. Los investigadores consideran esas anotaciones como parte del esquema interno que intentan reconstruir.
Cómo sigue el caso
La ronda de indagatorias continúa este martes con la declaración de Luciana Ferrari, exempleada de la farmacéutica Roche, quien –según adelantaron– también reconoció haber intervenido en “licitaciones reducidas” por órdenes de Garbellini. Su testimonio apunta en la misma dirección: que las decisiones estratégicas no seguían vías formales y respondían a directivas internas.
Mientras avanza el proceso, la defensa del exdirector Spagnuolo intenta desactivar la prueba central del expediente. Sus abogados pidieron el sobreseimiento y la nulidad de las resoluciones basadas en audios filtrados, respaldándose en un peritaje que concluye que las grabaciones fueron “editadas y modificadas”. Sostienen que el material habría sido manipulado con inteligencia artificial y obtenido mediante “escuchas ilegales”.
