El Gobierno nacional presentó una denuncia en la Justicia Federal por una presunta operación de inteligencia ilegal que habría manipulado y difundido audios privados de funcionarios, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El caso, de enorme gravedad institucional, derivó en una medida cautelar que restringe la publicación de nuevos materiales filtrados, en un contexto de máxima tensión política previo a las elecciones legislativas.
Según el escrito presentado, la maniobra no responde a una filtración aislada sino a un “ataque planificado contra el núcleo de la democracia argentina”, con el objetivo de condicionar de manera ilegítima las próximas elecciones.
Las grabaciones, obtenidas de forma clandestina, habrían sido captadas en ámbitos de alta seguridad institucional, incluso la propia Casa Rosada, lo que refuerza la gravedad de los hechos denunciados. Posteriormente, los audios fueron difundidos de manera escalonada en medios y redes sociales, con el fin de generar confusión, desgaste político y desinformación en la opinión pública.
El Gobierno enmarcó la maniobra en patrones similares a operaciones extranjeras atribuidas a intereses rusos y chavistas, señalando que se trata de una metodología orientada a erosionar la estabilidad institucional mediante campañas de intoxicación informativa.
El Gobierno Nacional denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal destinada a desinformar y desestabilizar el proceso electoral, con presunta influencia extranjera.
— Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) September 1, 2025
La maniobra consistió en la captación ilegal y clandestina de audios privados de la…
Actores señalados y medidas judiciales
En la denuncia se mencionan nombres propios como presuntos responsables de amplificar o participar de la operación:
- Mauro Federico, periodista.
- Pablo Toviggino, secretario ejecutivo de la AFA y empresario de medios.
- Jorge Rial, conductor que semanas atrás había declarado que “había que espiar al presidente”.
- Franco Bindi, abogado y operador judicial vinculado a Fernando Pocino.
El escrito invoca la Ley de Inteligencia Nacional (N° 25.520), que prohíbe a cualquier persona u organismo realizar espionaje político o manipular la opinión pública mediante operaciones clandestinas. En ese marco, se solicitó la adopción de medidas urgentes para impedir nuevas filtraciones y preservar la transparencia del proceso electoral.
La Justicia Federal hizo lugar parcialmente al pedido y dictó un “bozal legal” que restringe la difusión pública de los audios, bajo el argumento de proteger la seguridad institucional y el derecho de los ciudadanos a un proceso electoral libre de interferencias ilegítimas.
