La crisis salarial de los docentes universitarios se consolidó como uno de los ejes centrales del conflicto educativo. En un escenario atravesado por el ajuste fiscal y el desfinanciamiento de las universidades nacionales, los ingresos quedaron muy por detrás de la inflación y afectaron el funcionamiento cotidiano del sistema.
Durante los dos primeros años de gestión libertaria, el deterioro salarial fue constante. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) basado en recibos de sueldo de un cargo testigo, en 2025 los salarios perdieron un 12,7 por ciento frente a la inflación. Esa caída se sumó al retroceso de 9,9 por ciento registrado en 2024, configurando una tendencia sostenida de empobrecimiento.
El ajuste sobre los haberes docentes se convirtió en uno de los motores del reclamo por una Ley de Financiamiento Universitario. La iniciativa, impulsada por sindicatos y respaldada por masivas movilizaciones de estudiantes y trabajadores, fue aprobada por el Congreso en septiembre de 2024. La norma contemplaba una actualización bimestral de gastos y una recomposición salarial retroactiva, pero Javier Milei la vetó en su totalidad.
El Presidente argumentó que la ley atentaba contra el objetivo de alcanzar el “déficit cero”. Ese veto dejó sin respuesta el reclamo docente y profundizó la crisis en las universidades nacionales. Como resultado de esta política, en diciembre de 2025 los salarios acumulaban una pérdida del 33,4 por ciento de poder de compra respecto de noviembre de 2023, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Si se toma el índice de la Ciudad de Buenos Aires, la caída asciende al 36,5 por ciento, de acuerdo con el informe de Iaraf.
El desfinanciamiento profundiza la crisis salarial
Dentro de los trabajadores estatales, los docentes superiores son de los que mayor poder adquisitivo perdieron en los últimos dos años. Estiman que el recorte fue del 33 por ciento y que en 25 meses, eso implicó perder siete sueldos.
Los principales gremios del sector —Conadu, Conadu Histórica y Fedun— estiman una pérdida real de entre el 35 por ciento y el 40 por ciento desde el inicio del actual Gobierno. En este sentido, las cifras coinciden con los cálculos independientes y refuerzan la magnitud del deterioro.
El impacto del ajuste se vuelve más evidente al traducirlo en términos concretos. Si los docentes hubieran intentado sostener el mismo nivel de vida que tenían en noviembre de 2023, sus ingresos les habrían alcanzado apenas hasta mayo de 2025. En términos reales, el recorte equivale a trabajar siete meses sin percibir ingresos.
Según el análisis, para recomponer el poder adquisitivo vigente a fines de 2023 sería necesaria una suba salarial de entre el 50 por ciento y el 58 por ciento. Sin embargo, bajo la actual orientación económica del Gobierno nacional, ese escenario aparece cada vez más distante y vuelve a colocar al financiamiento universitario en el centro del debate público.
