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La Justicia detalló gastos por casi u$s15.000 en un viaje de Manuel Adorni a Aruba

La Justicia incorporó nuevos datos sobre un viaje familiar de Manuel Adorni a Aruba. Los gastos ascienden a u$s14.696 entre pasajes y alojamiento.

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni sumó nuevos elementos en las últimas horas. La Justicia confirmó los gastos realizados durante un viaje familiar a Aruba, lo que amplía el análisis sobre su situación patrimonial.

De acuerdo al expediente que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita, el entonces vocero presidencial desembolsó u$s14.696 en total. La cifra surge de u$s8.874 destinados a alojamiento y u$s5.800 correspondientes a pasajes aéreos.

La documentación judicial indica que Adorni se hospedó en dos establecimientos durante su estadía en el Caribe. Primero permaneció en el Embassy Suites Hilton Aruba Beach entre el 29 de diciembre de 2024 y el 3 de enero de 2025, y luego continuó en el Divi Dutch Village Resort hasta el 9 de enero.

El viaje se extendió hasta el 10 de enero y fue realizado junto a su familia. Los vuelos fueron adquiridos a la aerolínea LATAM, con un costo de u$s1.450 por persona, y el itinerario incluyó escalas en Perú en la ida y Ecuador en el regreso.

Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar si estos gastos son compatibles con los ingresos declarados por el funcionario. Durante ese período, Adorni percibía un salario cercano a los $3 millones mensuales, que se mantenía sin actualizaciones.

En ese contexto, el juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti. La medida busca acceder a información detallada sobre movimientos financieros y posibles fuentes de ingresos.

El viaje a Aruba se suma a otras operaciones bajo análisis en la causa. Entre ellas, figura la compra de un departamento en Caballito por u$s230.000 y una propiedad en el country Indio Cuá por u$s120.000, además de pagos parciales de deudas y refacciones no documentadas.

Con el cruce de estos datos, la Justicia intenta reconstruir el flujo de fondos y establecer si existe una desproporción entre ingresos y gastos. El avance del expediente dependerá de nuevas medidas de prueba y del análisis integral de la información recolectada.

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