El conflicto por el cierre de la planta de FATE sumó un nuevo capítulo este mediodía. El Gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria por 15 días, para intentar desactivar la crisis abierta tras el anuncio de la empresa del cese de sus operaciones en el partido bonaerense de San Fernando y despedir a 920 trabajadores.
La medida fue comunicada en el marco de una audiencia virtual convocada por la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero. Alcanzó tanto a la firma como al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), conducido por Alejandro Crespo. Según trascendió, fue el propio funcionario quien transmitió la decisión oficial durante la instancia de mediación.
A través de un comunicado difundido por el Ministerio de Capital Humano, la cartera que conduce Sandra Pettovello informó que las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al conflicto y abstenerse de adoptar medidas que alteren el normal desarrollo de las relaciones laborales.
El plazo de 15 días de la conciliación obligatoria busca abrir una ventana de negociación para acercar posiciones y explorar alternativas que permitan encauzar la situación. Desde el Ejecutivo señalaron que promoverán instancias de mediación en resguardo del empleo y del cumplimiento de la normativa laboral y previsional vigente.
Cruces políticos en medio del debate por la reforma laboral
El anuncio del cierre se produjo en un contexto de alta tensión política. Está atravesado por la inminente discusión del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados y por las medidas de fuerza convocadas por la Confederación General del Trabajo (CGT), que confirmó un paro general para el jueves mientras se debata la iniciativa.
En las primeras horas posteriores a conocerse la decisión de FATE, sectores del oficialismo apuntaron contra la conducción sindical, a la que responsabilizaron por el deterioro del clima laboral. Sin embargo, con el correr del día, las críticas comenzaron a dirigirse también hacia la familia Madanes Quintanilla, propietaria de la empresa, especialmente por el momento elegido para comunicar la clausura de la planta.
Cerca del presidente Javier Milei deslizaron que el desenlace no sorprendió, al tratarse —según describieron— de una compañía con dificultades arrastradas desde hace años. Recordaron incluso que en 2019 la firma atravesó un procedimiento preventivo de crisis, y relativizaron que el problema esté vinculado exclusivamente a la competencia externa.
El propio mandatario se pronunció en redes sociales, dejando entrever sospechas sobre el timing del anuncio, en la antesala del tratamiento legislativo del proyecto de “Modernización”. En el oficialismo comenzó a instalarse la hipótesis de que la decisión empresaria buscó influir en el clima político que rodea la discusión parlamentaria.
