Tras avanzar en el desmantelamiento del régimen promocional de Tierra del Fuego, el Gobierno nacional se trasladadó ahora contra el esquema de competencia reducida en el mercado de vacunas veterinarias. A través de la Resolución 333/2025, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) habilitó el ingreso simplificado de productos biológicos importados para uso animal, en un intento por bajar precios, ampliar la oferta y desarticular estructuras de control concentrado.
La medida responde a un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que advirtió sobre barreras técnicas que “limitaban injustificadamente la competencia en la provisión de vacunas contra la fiebre aftosa”. Entre ellas, señalaba la exigencia de realizar pruebas locales costosas como la Protección a la Generalización Podal (PGP), además de la negativa a aceptar certificaciones sanitarias de países con estándares equivalentes, como Brasil, Uruguay o Paraguay.
El nuevo esquema recorta los plazos de autorización —que pasaban los dos años— a un máximo de 90 días hábiles administrativos. A su vez, reconoce certificaciones extranjeras y elimina la obligatoriedad de ensayos redundantes, abriendo así el camino a laboratorios del exterior con productos ya aprobados en otros mercados.
La explicación del trasfondo económico del cambio
Actualmente, el laboratorio Biogénesis Bagó concentra la producción de la vacuna tetravalente que se aplica de forma obligatoria en todo el país. En paralelo, firmas como CDV y Tecnovax operan con menor escala. Fue justamente Tecnovax, junto a la Sociedad Rural del Sur de Salta, quien impulsó la denuncia que dio origen al dictamen de la CNDC.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, explicó el trasfondo económico del cambio: “La vacuna local se vende a 1,20 dólares por dosis, mientras que en Paraguay cuesta 0,35 y en Uruguay, 0,72. El mismo laboratorio argentino que la produce acá la exporta a precios mucho más bajos”.
Además, señaló que el formato tetravalente exigido en Argentina incluía dos cepas “que ya no circulan a nivel global”, lo que reducía artificialmente la posibilidad de competencia: “Solo un laboratorio local tenía las cepas necesarias para cumplir con esa especificación técnica”, aseguró.
Sturzenegger reveló que el presidente Javier Milei le solicitó avanzar de forma urgente con este tema. “Esta decisión reduce los costos del sector ganadero en aproximadamente 100 millones de dólares al año”, precisó el ministro en una entrevista radial.
Caputo respaldó la medida
Luis Caputo, ministro de Economía, respaldó la medida. En un mensaje en redes sociales afirmó: “La apertura a productos con estándares internacionales permite bajar costos y mejora la competitividad del productor. En diciembre, la dosis costaba 1,36 dólares. Hoy está en 1,20, pero sigue lejos del precio internacional”.
Además de permitir la importación de vacunas, la CNDC recomendó modificar el esquema de aplicación, hoy controlado por entes sanitarios con personería jurídica sin fines de lucro y zonas de intervención exclusivas. Propuso que veterinarios matriculados puedan operar libremente, sin restricciones geográficas ni precios fijados por el Senasa.
La nueva normativa no alterará la campaña de vacunación en curso, pero según fuentes oficiales, las importaciones de nuevas vacunas podrían comenzar en 2026. Tecnovax ya desarrolla una estrategia para incorporar dosis desde Brasil.
La Resolución 333/2025 también aplica a otros productos veterinarios como medicamentos, kits de diagnóstico y biológicos. Los importadores deberán presentar un Certificado de Libre Venta, el dossier aprobado en el país de origen y cumplir con las normas de Buenas Prácticas de Manufactura. La autorización final se instrumentará a través del sistema digital SIG-TRÁMITES.
Con esta medida, el Gobierno da otro paso hacia la liberalización de mercados cerrados. Aunque el cambio comenzó con la vacuna aftosa, su alcance regulatorio va mucho más allá. La desregulación avanza.
