La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este miércoles nuevas medidas de prueba orientadas a verificar el origen de su patrimonio y las explicaciones brindadas sobre inversiones realizadas en criptomonedas. Las actuaciones se desarrollan en el Juzgado Federal N° 4, con impulso del fiscal federal Gerardo Pollicita.
Entre las disposiciones adoptadas, el fiscal solicitó información a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para conocer qué plataformas, billeteras virtuales y operadores vinculados a activos digitales funcionaban en Argentina desde 2012. El objetivo es contrastar esos antecedentes con la versión aportada por Adorni, quien aseguró haber obtenido importantes ganancias a partir de inversiones tempranas en Bitcoin.
Además, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) trabaja en la elaboración de un informe técnico sobre la evolución histórica del valor de Bitcoin desde 2013 hasta la actualidad. Ese análisis busca aportar elementos para evaluar la consistencia económica de las operaciones declaradas por el funcionario.
La causa también avanza sobre aspectos vinculados a la remodelación de una propiedad ubicada en el country Indio Cuá. En ese marco, la fiscalía requirió los registros de ingresos y egresos relacionados con el lote donde se realizaron las obras, con el fin de reconstruir movimientos asociados a los trabajos y determinar posibles vínculos con las erogaciones investigadas.
Uno de los puntos que despertó interés de los investigadores surgió a partir del análisis del teléfono celular del contratista Matías Tabar, quien estuvo a cargo de las reformas. Según la documentación relevada, se detectaron gastos millonarios vinculados a la adquisición de artículos para el hogar, por lo que se solicitó información adicional para identificar a los destinatarios finales de esas compras.
Paralelamente, la Justicia intenta corroborar datos sobre la situación patrimonial de familiares del jefe de Gabinete. Entre las medidas ordenadas figura un requerimiento de información a la administración de un barrio privado de Berazategui para determinar condiciones de residencia, titularidad y eventuales gastos asociados a una propiedad vinculada a su entorno familiar.
La investigación también incorporó pedidos de informes sobre antecedentes laborales de Adorni y de su esposa en una entidad educativa relacionada con la Universidad Abierta Interamericana. La fiscalía busca establecer funciones desempeñadas, ingresos percibidos y documentación presentada durante los años bajo análisis.
Asimismo, Pollicita solicitó información sobre otra causa judicial que involucra al hermano del funcionario, con el propósito de identificar posibles elementos patrimoniales comunes o antecedentes familiares que puedan resultar relevantes para el expediente principal. Con estas medidas, la Justicia amplía el alcance de una pesquisa que continúa reuniendo pruebas para determinar la evolución y el origen de los bienes investigados.
