Personal docente y no docentes de las universidades públicas iniciarán este miércoles 30 de septiembre un paro nacional de 72 horas en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial del 33,4%, en una nueva escalada del conflicto que enfrenta a la comunidad académica con el Gobierno nacional. La medida tendrá alcance en todo el país y contará con la adhesión de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del resto de las casas de altos estudios.
La protesta se desarrolla en un escenario sin avances en las negociaciones y con fuertes cuestionamientos al Poder Ejecutivo por la falta de respuestas a los reclamos salariales y presupuestarios. Según los gremios, los incrementos otorgados hasta el momento no lograron compensar la pérdida del poder adquisitivo acumulada durante los últimos meses.
La secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), Laura Carboni, aseguró que el conflicto continúa sin canales de diálogo abiertos con la administración nacional. “Nadie del Gobierno se comunicó con ellos”, afirmó al describir el escenario actual, y reconoció que los sindicatos “no tienen expectativas” de que se produzcan avances inmediatos respecto de la ley que reclaman.
En ese contexto, la dirigente recordó que el juez federal Diego Martín Cormick intimó recientemente al Gobierno a cumplir con el pago integral dispuesto en una medida cautelar vinculada al financiamiento universitario.
“Lo que sabemos hasta ahora es que el Gobierno no respondió y empezó a girar el rumor de que había presentado una apelación, pero todavía, formalmente, no está presentada”, sostuvo Carboni.
La referente sindical además remarcó que, desde el punto de vista jurídico, “no cabe lugar para ninguna apelación” y advirtió que podrían comenzar a aplicarse multas si el Ejecutivo no cumple con lo ordenado por la Justicia.
Las facultades buscan acercar el reclamo a la sociedad
Mientras dure la huelga, distintas unidades académicas impulsarán actividades abiertas para visibilizar la situación del sistema universitario. Entre ellas, la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA abrirá sus puertas a la comunidad con asesoramiento para emprendedores, orientación sobre obligaciones fiscales, análisis de recibos de sueldo, asistencia ante situaciones de endeudamiento y actividades culturales.
La estrategia apunta a vincular el reclamo universitario con problemáticas cotidianas y mostrar el rol que cumplen las universidades públicas más allá de las aulas.
En la misma línea, este jueves se realizará un abrazo simbólico en la Facultad de Medicina, acompañado por acciones participativas y espacios de intercambio con quienes se acerquen a manifestar su apoyo.
La antesala de una nueva marcha federal
La medida fue aprobada por Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y Conadu Histórica, dos de las federaciones docentes más importantes del país, y se suma a las acciones impulsadas por organizaciones sindicales docentes y no docentes que mantienen distintos esquemas de protesta en las universidades nacionales.
El reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario se arrastra desde finales del año pasado, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (Cin) promovió presentaciones judiciales ante la falta de implementación de la norma por parte del Poder Ejecutivo, que sostiene que no cuenta con los recursos necesarios para ejecutarla.
Con un nuevo paro nacional, actividades de visibilización y el conflicto aún sin resolución, el sistema universitario se encamina hacia otro momento de alta tensión con la realización de la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el jueves 15 de octubre.
