El Senado comenzó a debatir en comisiones el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, presentado por el Gobierno de Javier Milei el 27 de marzo. El debate pasó a cuarto intermedio tras las dos primeras jornadas donde se escucharon alegatos de una veintena de expositores, que giraron en torno a las modificaciones propuestas. La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, propone modificar el régimen de expropiaciones, agilizar desalojos, reformar la ley de tierras rurales y cambiar normativas vinculadas al manejo del fuego y la urbanización de barrios populares.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la modificación de la Ley 21.499, vigente desde 1977. Actualmente, esta norma permite expropiar bienes siempre que exista una causa de “utilidad pública”.
La propuesta del Gobierno nacional redefine ese concepto y exige que el fin sea específico, concreto y que la expropiación sea idónea, necesaria y proporcional. En la práctica, esto implica elevar los requisitos que debe cumplir el Estado para avanzar sobre una propiedad privada.
Además, introduce cambios en el esquema de indemnizaciones. A la compensación actual, que incluye el valor del bien y daños directos, se suma el reconocimiento del lucro cesante, es decir, las ganancias que el propietario deja de percibir. También se establece que el valor del inmueble debe fijarse antes de la intervención estatal y actualizarse por inflación con una tasa de interés comercial.
Otro punto clave es que el Estado no podrá tomar posesión del bien hasta pagar la indemnización completa. A esto se suma que las compensaciones quedarían exentas de impuestos y que el Tribunal de Tasaciones de la Nación tendrá un rol más relevante en el proceso.
Cambios en la integración socio urbana: nuevo rol para provincias
El proyecto también modifica la Ley de Integración Socio Urbana de barrios populares. El esquema actual otorga un rol central al Estado nacional, especialmente en la regularización dominial y la urbanización.
La propuesta oficial busca descentralizar esa función y dar mayor responsabilidad a provincias y municipios. Además, elimina el mecanismo de expropiación generalizada de tierras donde se asientan barrios populares, reemplazándolo por herramientas como la prescripción adquisitiva.
Entre los cambios más sensibles, se eliminan artículos que suspendían desalojos y garantizaban estabilidad a los ocupantes. También se asigna a la Auditoría General de la Nación el control del gasto.
Desde organizaciones sociales como TECHO advirtieron que la iniciativa elimina pilares clave del sistema actual. Señalan que más de 5 millones de personas viven en barrios populares y que una parte significativa son niños. También cuestionan la eliminación de la participación de cooperativas en obras y el debilitamiento de las garantías frente a desalojos.
Manejo del fuego: menos restricciones tras incendios
El proyecto introduce modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego. La normativa vigente establece fuertes restricciones durante décadas sobre tierras afectadas por incendios, con el objetivo de evitar cambios especulativos en el uso del suelo.
La iniciativa elimina el plazo de 60 años de prohibiciones y reduce la protección exclusivamente a bosques nativos. Además, mantiene como única restricción la imposibilidad de cambiar el uso del suelo en esos casos.
También se derogan artículos que extendían protecciones por 30 años a otros ecosistemas, como pastizales, praderas y zonas agropecuarias, donde se limitaban desarrollos inmobiliarios o cambios productivos.
Desde el oficialismo consideran que las restricciones actuales son excesivas, mientras que sectores ambientalistas advierten sobre posibles impactos negativos en ecosistemas vulnerables.
Tierras rurales: flexibilización para inversores extranjeros
Otro punto relevante es la reforma de la Ley de Tierras Rurales. Hoy existe un límite del 15% para la titularidad extranjera sobre tierras a nivel nacional, provincial y municipal, con restricciones adicionales por nacionalidad y extensión.
El proyecto elimina esas limitaciones para inversores privados extranjeros, permitiendo una mayor apertura del mercado de tierras. Solo se mantienen restricciones para Estados extranjeros y sus organismos, aunque incluso en esos casos se prevén excepciones si el Poder Ejecutivo considera que no hay riesgos para la soberanía.
La medida apunta a incentivar inversiones, pero genera debate sobre el control estratégico de los recursos y el territorio.
Desalojos y cambios procesales: plazos más cortos
La reforma también impacta en el Código Civil y Comercial y en el Código Procesal. El objetivo es acelerar los desalojos y simplificar los procedimientos.
El cambio más importante es que los juicios pasarán a tramitarse bajo la modalidad sumarísima, la más rápida del sistema judicial. Además, se elimina la caución real como requisito para obtener una desocupación inmediata, reemplazándola por una declaración jurada del propietario.
Como contraparte, se establece que el propietario debe intimar al inquilino con al menos tres días de anticipación antes de iniciar la demanda por falta de pago. También se regula la entrega de llaves con cese de obligaciones.
Sin embargo, organizaciones como Inquilinos Agrupados advierten que estos plazos serían los más cortos de la región, lo que podría dejar a los inquilinos en una situación de mayor vulnerabilidad.
Modernización registral: digitalización y menos plazos
Finalmente, el proyecto incluye modificaciones en la Ley de Propiedad Inmueble. Apunta a digitalizar procesos, reducir plazos administrativos y mejorar la articulación entre Nación y provincias.
El Gobierno nacional sostiene que estas medidas permitirán mayor eficiencia y transparencia en las operaciones inmobiliarias, reduciendo costos y tiempos.
La iniciativa sobre inviolabilidad de la propiedad privada abarca múltiples áreas y propone una transformación profunda del marco legal vigente. Mientras el oficialismo defiende la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica y atraer inversiones, distintos sectores sociales, ambientales y de inquilinos advierten sobre los posibles impactos en derechos adquiridos y en poblaciones vulnerables.
El debate recién comienza en el Senado y anticipa una discusión extensa sobre el equilibrio entre propiedad privada, rol del Estado y derechos sociales.
Fotografía destacada: ©Marcos Otaño.
