El juicio por la expropiación de YPF cumplió diez años en el tribunal de la jueza Loretta Preska, a cargo del estrado del Segundo Circuito de Nueva York. El caso sigue lejos de una definición final y se volvió cada vez más complejo.
Preska condenó en primera instancia al Estado argentino a pagar USD 16.000 millones por la expropiación irregular de la petrolera en 2012, cuando Cristina Kirchner ejercía la presidencia. Los intereses corrieron desde ese momento y la cifra aumentó en unos USD 2.000 millones. Así, la deuda trepó a USD 18.000 millones, una acreencia “inesperada” e imposible de afrontar para un país que lucha por sumar reservas al Banco Central.
El fallo que complica la situación de YPF en Estados Unidos
Ese fallo principal fue apelado. La primera audiencia se realizará recién a fines de octubre, después de las elecciones legislativas nacionales.
En paralelo, Burford Capital, principal beneficiario de la causa, presentó varias acciones en el tribunal de Preska para presionar al país y forzarlo a negociar. Argentina rechazó esa opción durante toda la década.
Burford, que cotiza en Londres y Wall Street, compró los derechos de litigio en esta demanda. Ahora intenta demostrar que el Estado y YPF funcionan como “lo mismo” y que no existe independencia entre la empresa y el poder político. La estrategia apunta también a otras compañías y organismos estatales, desde Enarsa hasta el Banco Central. Aunque resulta difícil de probar, ese movimiento busca “hacer ruido”. En ese marco, solicitó acceder a correos electrónicos, chats y documentos de Luis Caputo y Sergio Massa, últimos ministros de Economía del país.
Además, reclamó la transferencia directa del 51% de las acciones que el Estado posee en YPF.
En este punto, el turnover accionario tendrá novedades el martes. Preska ya determinó que esas acciones deben entregarse. Argentina apeló la decisión y la jueza evaluará los argumentos el 25 de septiembre. En sus escritos, Preska dejó en claro su fastidio por lo que considera estrategias “dilatorias” de la defensa argentina.
Burford quiere cobrar o negociar. La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) ratificó que no dialogará con el litigation funder inglés, al que comparan con un fondo buitre. El organismo cambió de conducción durante la gestión de Javier Milei y quedó bajo la dirección de Santiago Castro Videla.
En cuanto a la entrega de acciones, Argentina pidió un stay, es decir, suspender la medida hasta que se resuelva la apelación. Sin embargo, el proceso en Estados Unidos permite embargos o transferencias accionarias aun con una apelación pendiente. El país busca evitarlo, pero sin ofrecer garantías. Burford exige lo contrario, al igual que Preska.
Qué podría decidir la Corte de Apelaciones
El martes, la Corte del Segundo Circuito podría seguir tres caminos. Uno: no concede la suspensión y confirma la orden de Preska. Dos: concede una suspensión con garantías distintas a las acciones de YPF. Tres: concede la suspensión total solicitada por Argentina.
Si ocurre alguno de los dos primeros escenarios, Argentina apelará ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Aunque no es común por tratarse de un asunto administrativo, fuentes oficiales afirmaron que el Estado lo haría. Burford alegará que Argentina solo busca demorar. Preska probablemente coincida, aunque esperará la decisión final del máximo tribunal.
Por el tipo de trámite, es probable que la Corte Suprema decida rápido. Suele rechazar este tipo de casos, lo que mantendría firme el fallo de la Cámara de Apelaciones.
Un fallo negativo y la falta de respuesta argentina significarían incurrir en desacato. Si la decisión favorece al país, la entrega de acciones quedará suspendida hasta septiembre, cuando la Cámara defina la legalidad de la orden de Preska.
Riesgos del desacato
Fuentes cercanas al caso señalaron que “los demandantes ya han declarado en sus escritos que no pretenden convertirse en una empresa petrolera y que Argentina puede optar por otras garantías, pero que en ningún caso puede seguir utilizando tácticas para retrasar el pago”.
Sebastián Maril, de Latam Advisors, sostuvo que “el momento de las garantías ya pasó; Argentina lo dejó pasar. Dudo que Burford acepte otras garantías. Es muy probable que, si todo es contrario y Burford pide desacato, Preska se lo conceda. El daño ya está hecho, pero el demandante puede pedir más cosas. Las consecuencias pueden ser grandes”.
Tres fuentes consultadas coincidieron en que Burford pedirá declarar el desacato. En ese caso, los escenarios se multiplican. En 2014, Paul Singer solicitó una multa de USD 50.000 por día y el juez Thomas Griesa la concedió. Maril advirtió que esta vez el monto podría ser mucho mayor.
Burford podría pedir “de todo” y complicar la relación con uno de los principales tribunales financieros del mundo. Esa situación afectaría futuras emisiones de deuda y podría desalentar inversiones en el país, justo cuando el Gobierno busca dólares en el exterior.
En casos extremos, según un allegado, podría solicitar restricciones de ingreso a Estados Unidos para funcionarios argentinos. La misma fuente consideró improbable esa medida, pero recordó que implicaría estar enfrentado con un tribunal clave.
Defensa hasta el final
En el Gobierno aseguran que agotarán todas las instancias de defensa. Mantienen un “hermetismo total” y evitan filtraciones, como las que la PTN denunció semanas atrás. Esa investigación derivó en el despido de más de 60 funcionarios y en acusaciones de venta de información a los demandantes.
Burford contrató al exbanquero de Wall Street, Gerardo “Gerry” Mato, para tender puentes con funcionarios de Milei. Mato conoce a Caputo y gran parte del equipo económico desde sus años en el mercado financiero neoyorquino. También trabajó en reestructuraciones de deuda durante los últimos cuatro gobiernos. Logró reunirse con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en octubre pasado. En los registros oficiales, el encuentro figura como una “reunión de cortesía”.
Fuentes allegadas al caso recomendaron negociar pronto. “Con el paso de los días, el interés crece. Sin embargo, Argentina sigue utilizando la misma estrategia litigiosa: demoras, demoras y más demoras”, afirmaron.
Otro interlocutor cercano sostuvo: “Ahora se trata de un escenario de ‘cómo’: ¿cómo pagará Argentina? La transferencia de acciones de YPF es un ejemplo, pero existen alternativas como bonos soberanos u otros valores negociables”.
Por ahora, ambas partes mantienen un hermetismo total. No es para menos: hay USD 18.000 millones en juego y un conflicto que podría escalar a niveles históricos en la relación de Argentina con la justicia de Estados Unidos.
