El director suplente por el Gobierno de Misiones en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), Denis Bochert, se mostró esperanzado ante la posibilidad de que la Cámara de Diputados de la Nación rechace, el próximo 15 de octubre, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. La normativa desreguló la actividad yerbatera con severas consecuencias para la mayoría de los eslabones del sector.
“Tenemos mucha esperanza de que se pueda dar marcha atrás con el DNU. Desde la desregulación, no solo los productores y tareferos sufrieron un perjuicio importante en sus ingresos, sino también toda la cadena yerbatera, incluidos los secaderos y los molinos”, afirmó Bochert.
El productor y cooperativista describió el escenario actual tras las medidas del presidente Javier Milei como “la peor crisis de los últimos 20 años”. Al respecto, detalló: “El valor que hoy se paga por kilo de hoja verde al productor —alrededor de $300— resulta insuficiente para cubrir los costos. Necesitaríamos un precio cercano a los $500 para contemplar al menos los gastos básicos de cosecha y amortización”.
Asimismo, Bochert advirtió sobre el cambio de dinámica en el mercado: “Antes del actual modelo económico se competía por marketing o calidad; hoy se compite por ver quién le paga menos al productor. La competencia cambió de lugar y no sabemos hasta dónde será sostenible”.
La amenaza de desguace institucional
Además de golpear los ingresos de tareferos, productores, cooperativas, secaderos y pymes industrias, el DNU 70/2023 le quitó atribuciones operativas al Inym, una línea en la que el Gobierno nacional busca profundizar. Hace dos semanas se conoció la propuesta de Reordenamiento Normativo del organismo, la cual prevé transferir las funciones de fiscalización al Senasa, eliminar la base de datos de control del sector, anular programas de apoyo a la producción y concentrar el poder de decisión en el presidente de la entidad, Rodrigo Correa, en detrimento del Directorio. Para concretar esta reestructuración, se contempla la derogación de 21 resoluciones dictadas entre 2003 y 2023.
Esta reforma integral reduciría drásticamente la autonomía y la capacidad de gestión del Inym, medida que cuenta con un fuerte rechazo por parte de la mayoría de sus directores.
Al respecto, Bochert enfatizó: “Si esto se lleva a la práctica, implicará un recorte de recursos humanos. Sin fiscalización ni programas técnicos, solo quedarían el área de Promoción, inspecciones muy puntuales y la administración del Convenio de Corresponsabilidad Gremial. Quedaría un organismo totalmente debilitado”.
En paralelo, las autoridades nacionales del Inym e integrantes del Directorio alineados con la gestión de Javier Milei insisten en avanzar con cuestionadas designaciones para la Gerencia General y la Auditoría Interna. Bochert criticó estas postulaciones y sostuvo que responden a un proceso orientado a “terminar de desguazar lo que queda del instituto”.
