Se publicó este jueves en el Boletín Oficial de la Nación la Resolución 109/2026 del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), mediante la cual se formalizan las polémicas designaciones de Sebastián Pratto como Auditor Interno y de Rosana Biale como Gerente de la institución.
Ambos funcionarios asumen en medio de fuertes controversias y una marcada resistencia por parte de diversos sectores del Directorio y de la cadena productiva -incluyendo al Gobierno de Misiones, tareferos, productores y cooperativas-, además del repudio explícito expresado por cinco organizaciones yerbateras.
El rechazo a la llegada de Biale se fundamenta en un conflicto laboral y litigio judicial previo contra el propio organismo, mediante el cual cobró casi $50 millones en indemnización (incluidas las costas). Por su parte, a Pratto se lo vincula con el despido de 21 trabajadores en diciembre pasado y con el desmantelamiento de áreas operativas fundamentales para la calidad y regulación del sector, tales como Técnica, Registros y Fiscalización.
A esto se suma la denuncia pública sobre el posible conflicto de intereses en el proceso de selección de cargos jerárquicos. La consultora contratada (Dichi Recursos Humanos) estaría vinculada a Edit Posdeley, jefa de Recursos Humanos del organismo y persona cercana al presidente de la entidad, Rodrigo Correa. De este modo, una misma funcionaria habría estado relacionada con la firma externa encargada de preseleccionar a los candidatos y con el área interna que influye en las contrataciones. Las objeciones formales a esta búsqueda fueron presentadas ante el Directorio por el representante del Gobierno de Misiones, Ricardo Maciel.
Pese a los cuestionamientos -considerando que la Gerencia General y la Auditoría Interna son las áreas de mayor peso institucional y exigen perfiles de intachable idoneidad ética y compromiso con toda la cadena yerbatera-, los nombramientos contaron con el respaldo de los directores María Soledad Fracalossi (Producción), Carmelo Paulo Rojas (Tareferos), Luis Konopacki (Secaderos), Herminda María Gabur (Gobierno de Corrientes), Gustavo Barreiro y Gerardo López (Industria) y el propio Rodrigo Correa.
Estas designaciones ocurren en el marco de una profunda crisis socioeconómica del sector yerbatero, desencadenada a partir del DNU 70/23 que desreguló el mercado y quitó al Inym la facultad de fijar precios mínimos para la materia prima. En paralelo, referentes alineados al presidente Javier Milei impulsaron recientemente un proyecto que busca profundizar la quita de competencias y funciones del organismo.
