La propuesta de reordenamiento normativo impulsada por la conducción del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) abrió un nuevo frente de conflicto con los productores misioneros. Entidades representativas del sector primario cuestionaron los cambios defendidos por el presidente del organismo, Rodrigo Correa, y advirtieron que el esquema sumará exigencias administrativas sobre quienes trabajan en las chacras mientras reduce herramientas de control e información sobre los restantes eslabones de la cadena yerbatera.
El pronunciamiento surgió luego de las declaraciones públicas de Correa, quien presentó la iniciativa como una medida destinada a mejorar la trazabilidad y modernizar el sistema. Sin embargo, las organizaciones sostienen que detrás de ese planteo se esconde una mayor carga burocrática para los productores, que deberán adaptarse a un esquema basado en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa), polígonos de delimitación y el Documento de Tránsito Vegetal electrónico (DTV-e) para registrar los movimientos de hoja verde.
Según explicaron, ese proceso implicará más documentación, más requisitos registrales y una mayor dependencia de la conectividad y de herramientas digitales en ámbitos rurales, donde esas condiciones no siempre están garantizadas.
Advierten que el nuevo esquema suma costos y desprotege al sector
Las entidades pusieron el foco en lo que consideran el principal problema de la propuesta: aseguran que el proyecto concentra las exigencias sobre el productor primario, pero al mismo tiempo reemplaza progresivamente declaraciones juradas y registros propios del Inym por información proveniente de otros sistemas.
“Para quien está sentado en una oficina, un trámite puede ser solamente un trámite. Para un productor que trabaja en una chacra familiar, puede significar perder una mañana de trabajo, pagar un gestor, conseguir conectividad, contratar asesoramiento o quedar expuesto al incumplimiento”, señalaron.
El cuestionamiento apunta especialmente a la idea de trazabilidad planteada por la conducción del organismo. Para los productores, conocer qué cantidad de hoja verde sale de una chacra no alcanza para reconstruir todo el recorrido posterior del producto dentro de la cadena.
“Una cosa es saber cuánto salió de una chacra. Otra es saber cuánto ingresó efectivamente al establecimiento, en cuánto se transformó, cuánto quedó almacenado, cuánto existe en stock y cuánto volvió a salir”, remarcaron en el documento.
Más datos sobre el productor, menos información sobre la cadena
Las organizaciones sostienen que una trazabilidad efectiva debe permitir contrastar la información de origen con los movimientos posteriores de la producción. En ese sentido, consideran insuficiente que el sistema se apoye principalmente en el DTV-e para respaldar el control de la actividad. “Al productor se lo registra, se lo identifica, se lo documenta, se lo controla. Pero la trazabilidad no puede terminar en la tranquera”, afirmaron.
Además, advirtieron que el reordenamiento normativo puede dejar al Inym con menos herramientas para conocer qué ocurre una vez que la hoja verde abandona la chacra. Entre otros aspectos, mencionaron la documentación de movimientos, los registros vinculados a plantas, yerbales y viveros, determinados controles sobre declaraciones juradas y cuestiones relacionadas con calidad e inocuidad.
“Se pretende tener cada vez más información sobre el productor, pero se reduce la capacidad del organismo para controlar qué ocurre con la yerba una vez que cruza la tranquera”, enfatizaron.
El reclamo a Nación
Las entidades vincularon la discusión actual con los cambios institucionales que atravesó el sector en los últimos años. Recordaron que la desregulación establecida por el DNU 70/2023 y el Decreto 812/2025 eliminó la facultad del Inym para fijar precios de referencia, una de las principales herramientas con las que contaban los productores para defender el valor de la hoja verde.
“Primero perdimos herramientas para defender el precio; ahora quieren cargarnos con más obligaciones”, resumieron. Al mismo tiempo, aclararon que no se oponen a que existan mecanismos para obtener más información sobre la producción, sino a que esas exigencias recaigan exclusivamente sobre el eslabón más débil de la actividad mientras se reducen instrumentos de control sobre el resto de la cadena.
El documento lleva las firmas de Hugo Sand (Apam), Jorge Skripczuk (Asociación Civil Impulso Yerbatero), Antonio Franza (Asociación de Yerbateros del Alto Uruguay), Julio Alfredo Petterson (Acpyn) y Salvador María Torres (Movimiento Agrario de Misiones). Las organizaciones sostienen que el debate de fondo pasa por encontrar un equilibrio entre la digitalización de los procesos y la preservación de información suficiente para monitorear toda la actividad yerbatera, desde el origen hasta el consumidor final.
Fotografía de portada por © Marcos Otaño
