Representantes del sector yerbatero analizaron la propuesta de Reordenamiento Normativo impulsada por el Gobierno nacional para modificar el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym). El proyecto contempla cambios en los mecanismos de fiscalización, registros y sistemas de información, programas de apoyo y la distribución de decisiones dentro del organismo. La iniciativa quedó en análisis de los doce directores del Inym y el debate continuará en una nueva reunión prevista para el martes 29 de septiembre.
“Hoy fue analizada la propuesta y trae mucha preocupación, e incluso limitaciones desde el punto de vista jurídico, donde el directorio no puede desligarse de responsabilidades que les fueron atribuidas por ley”, señaló Ricardo Maciel, subsecretario de Asuntos Yerbateros, en diálogo con Canal Doce.
En ese sentido recordó que “el Inym nació como una herramienta para ordenar la actividad yerbatera, posterior a una situación parecida a la que vivimos hoy”, y aseguró que “eliminar estas resoluciones significa volver a dispersar todo lo que se organizó en este tiempo”.
En ese sentido, el subsecretario destacó la importancia de mantener los mecanismos de control y trazabilidad en toda la cadena yerbatera. “Controlar la hoja verde que ingresa al secadero, tener un registro de stock, con la trazabilidad a la salida del molino, [es] información fundamental para toda la cadena”, sostuvo.
Qué indica el proyecto de Nación
Salvo el área de Promoción, el proyecto plantea una modificación integral de la estructura institucional del Inym y propone derogar 21 resoluciones dictadas entre 2003 y 2023, durante los años de funcionamiento pleno del organismo. La iniciativa se suma a los cambios introducidos por el DNU 70/23 de Javier Milei, que ya había eliminado la facultad del instituto para fijar el precio de la materia prima, entre otras modificaciones.
Entre los puntos centrales, faculta al presidente del Inym a negociar, redactar y firmar convenios, acuerdos e instrumentos operativos sin requerir la aprobación previa del Directorio. Esto marca un giro radical respecto del esquema actual, donde las decisiones ejecutivas exigen el consenso de los representantes de cada eslabón de la cadena yerbatera.
Asimismo, la iniciativa contempla reformas al Convenio de Corresponsabilidad Gremial, la Tasa de Inspección y Fiscalización, el régimen sancionatorio y los programas de asistencia. Sobre este útimo punto, establece que ningún plan podrá interferir en la libre oferta y demanda ni distorsionar precios. Esta cláusula pone en riesgo la continuidad del Programa de Asistencia Técnica y de entrega de herramientas, insumos clave con los que tareferos y productores incorporaron tecnología (guinches, equipamiento de secaderos) y mejoras agronómicas (manejo de suelo y agua).
En total, la propuesta oficial consta de 31 páginas y 103 artículos que alcanzan a casi toda la estructura del organismo, afectando seriamente un sistema de registro y datos construido a lo largo de más de 23 años.
Foto destacada: Marcos Otaño.
