La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió el jueves un duro pronunciamiento en el que confirmó que acudirá a la Justicia para evitar la designación de funcionarios externos en la entidad, medida impulsada por la IGJ ante supuestas “graves irregularidades” en sus procesos administrativos. Desde la institución consideraron que se trata de una decisión “ilegítima” y con una “finalidad política ajena a la ley”.
En el texto difundido públicamente, la AFA sostuvo que la intervención de veedores representa un ataque directo a la autonomía del fútbol argentino. Adelantó que agotará todas las instancias judiciales para revertir la medida. Allí cuestionó además la legalidad del procedimiento y habló de un escenario de máxima tensión.
La AFA judicializa la disputa con la IGJ
El comunicado incluyó fuertes críticas al accionar del organismo de control. “No hay peor contradicción que aquella que destruye la propia premisa del acto. Si no hay sanción, no hay gravedad. Si no hay gravedad, la veeduría es un capricho”, señaló la entidad. Según la AFA, la IGJ menciona “graves irregularidades”, “millones de dólares de origen y destino desconocido” y una “sede social falsa”. Al mismo tiempo afirma que la veeduría “no implica sanción, ni interferencia en el manejo y administración de la entidad”. Para la conducción del fútbol argentino, si las irregularidades fueran realmente graves, deberían aplicarse sanciones formales y no una medida que calificó como “preparatoria”.
La AFA también rechazó que existan balances sin presentar desde hace más de ocho años y aseguró que los ejercicios correspondientes al período 2017-2024 fueron entregados “en tiempo y forma”. Reconoció, no obstante, que hay “vistas pendientes” de contestación, lo que implica que los trámites continúan abiertos y que no existen irregularidades firmes. En cuanto al ejercicio 2025, explicó que no fue presentado ante la IGJ porque desde noviembre de 2024 su domicilio legal está inscripto en la Provincia de Buenos Aires, situación que fue ratificada en otro comunicado difundido el miércoles.
Uno de los ejes del conflicto es la mudanza de la sede a Pilar, que la IGJ calificó como “falsa” al señalar que en el predio no hay oficinas. Desde la AFA respondieron que el cambio de domicilio fue aprobado por la autoridad provincial competente y que la inscripción se encuentra vigente.
En su defensa, la entidad recordó el antecedente del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), presidido por Patricia Bullrich en 2023, cuando la IGJ intentó una intervención que luego fue anulada por la Justicia por “violación al debido proceso”. Según la AFA, la metodología aplicada en aquel caso es similar y ya fue desestimada por los tribunales.
La conducción del fútbol argentino sostuvo además que quedó en medio de una disputa de poderes entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires por la jurisdicción sobre la entidad, y denunció que el fútbol está siendo utilizado como “campo de batalla” en una pelea política ajena al control administrativo.
La estrategia judicial: apelación y eventual llegada a la Corte
En otro tramo del comunicado, la AFA vinculó la intromisión de la IGJ con la discusión sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). “No se trata de controlar una asociación civil, sino de ejecutar una política pública que busca imponer las SAD a través del debilitamiento institucional de la AFA, la principal defensora del modelo de clubes sociales”, advirtió.
Finalmente, la entidad confirmó que en las próximas horas presentará las acciones judiciales correspondientes para que la medida sea desestimada, tal como —según indicó— ocurrió en el antecedente mencionado. Anticipó que recurrirá a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, si es necesario, a la Corte Suprema.
En el cierre del comunicado, la AFA envió un mensaje a clubes, socios e hinchas: “El fútbol argentino es de sus clubes, de sus socios y de sus hinchas. No será cooptado por operaciones políticas ni por intereses empresariales que pretenden convertir a nuestras instituciones en mercancía. Defenderemos nuestra autonomía y nuestra legalidad por todas las vías judiciales y democráticas”.
