Pasó un año desde el 29 de agosto de 2025, cuando la fábrica ceramista Ilva, ubicada en el Parque Industrial de Pilar, comunicó un supuesto cierre temporal por mantenimiento que luego derivó en el despido de sus 300 trabajadores. Doce meses después, ninguno de los exempleados cobró las indemnizaciones correspondientes y 44 exoperarios mantienen un acampe permanente.
“Si nosotros no hubiéramos cuidado eso que está ahí adentro, los dueños hubieran vaciado la fábrica”, explicó Gabriela Vallejos, quien trabajó 20 años en la empresa.
La firma, perteneciente a las familias Zanon y Bocci, justificó los despidos mediante el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla una reducción de las indemnizaciones ante situaciones de crisis. Sin embargo, los trabajadores aseguran que ni siquiera bajo ese esquema recibieron pagos y que el conflicto ingresó en un concurso de acreedores que tramita en el Juzgado Comercial N°12, a cargo del juez Hernán Papa.
La empresa había instalado semanas antes una nueva línea de producción valuada en millones de dólares y luego solicitó el concurso preventivo para evitar embargos. “Están saliendo los camiones porque hay una orden del juez, pero todavía no vimos un mango de nada”, cuestionó Marcelo Barrionuevo, delegado del Sindicato de Ceramistas.
Los exempleados de Ilva buscan una respuesta tras un año de espera
El cierre tuvo un fuerte impacto sobre los ingresos y las condiciones de vida de los trabajadores. Barrionuevo, de 46 años y padre de siete hijos, subsiste con el fondo de desempleo, changas y ayuda familiar, mientras que ese beneficio se redujo hasta $185.000 mensuales.
La mayoría de los despedidos, muchos con más de 20 años de antigüedad, no consiguió volver al mercado laboral y quienes lograron hacerlo recurrieron principalmente a aplicaciones de transporte y trabajos ocasionales. A esto se sumó la pérdida de la obra social: Vallejos aseguró que algunos compañeros con tratamientos oncológicos no pudieron continuarlos.
El conflicto también dejó una consecuencia irreversible: en mayo de 2026, Javier López, un exempleado del área de control de procesos, se quitó la vida, según relataron sus compañeros, quienes vincularon su situación con las consecuencias del cierre. Su hermana Adriana pidió que su muerte sirva para evitar que otro trabajador atraviese una situación similar. “¿Y hasta cuándo más tenemos que soportar?”, planteó Vallejos mientras el reclamo continúa frente a la fábrica.
El acampe permanece activo con turnos rotativos de entre seis y 12 horas, sostenidos mediante donaciones y el acompañamiento de vecinos. Los trabajadores buscan preservar los bienes que quedan en la planta mientras esperan una resolución judicial que permita avanzar sobre sus indemnizaciones.
