La crisis que atraviesa la actividad yerbatera volvió a instalar la necesidad de discutir medidas de fondo para sostener a los productores primarios y preservar una de las principales economías regionales de Misiones. En ese contexto, la diputada nacional Yamila Ruiz, representante de la provincia e integrante del bloque Argentina Federal, presentó dos proyectos de ley que apuntan a dar una respuesta integral a las dificultades económicas, financieras y productivas que enfrenta la cadena de la yerba mate.
Las propuestas abordan dos dimensiones de una misma problemática. Por un lado, plantean la declaración de la emergencia económica, productiva, financiera y social del sector, junto con la restitución de las facultades regulatorias y de fiscalización del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym). Por otro, promueven la creación de un Programa Extraordinario de Sostenimiento Yerbatero destinado específicamente a pequeños y medianos productores, con asistencia crediticia, alivio fiscal, compensaciones vinculadas al empleo rural y mayores controles sobre la yerba mate importada.
Ambas iniciativas fueron bien recibidas por el sector yerbatero de Misiones, especialmente ante el deterioro de las condiciones de comercialización y la preocupación por la continuidad de las explotaciones familiares. La situación se agravó en un contexto de recesión económica nacional, incremento de los costos productivos y pérdida de herramientas institucionales que históricamente habían servido para ordenar el funcionamiento de la actividad.
El debate también está atravesado por las consecuencias del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno nacional modificó aspectos centrales del funcionamiento del Inym y eliminó facultades relacionadas con la regulación de la cadena yerbatera. Para los sectores que reclaman recuperar esas atribuciones, la desregulación dejó a los productores primarios en una posición de mayor vulnerabilidad frente a los demás eslabones de la actividad.
En ese escenario, los proyectos impulsados por Ruiz proponen combinar medidas de asistencia inmediata con una reconstrucción del marco institucional. El objetivo es atender las urgencias financieras de quienes producen la materia prima y, al mismo tiempo, recuperar instrumentos que permitan equilibrar las relaciones comerciales, mejorar la capacidad de negociación de los colonos y sostener el empleo rural.
Emergencia yerbatera y restitución de las facultades del Inym
Uno de los proyectos propone declarar la emergencia económica, productiva, financiera y social del sector yerbatero en todo el territorio nacional por el plazo de un año, con posibilidad de prorrogarla por otro período de igual duración.
Sin embargo, el aspecto central de la iniciativa es la restitución permanente de las facultades regulatorias y operativas del Instituto Nacional de la Yerba Mate. El texto plantea recuperar la redacción original de distintos artículos de la Ley 25.564, que creó el organismo, y dejar sin efecto las modificaciones introducidas por el DNU 70/2023 y el Decreto 812/2025.
La propuesta parte de una premisa: la emergencia que atraviesa la actividad no puede analizarse de manera separada de las herramientas disponibles para regular su funcionamiento. En particular, sostiene que la pérdida de atribuciones del Inym debilitó los mecanismos institucionales que permitían intervenir ante los desequilibrios entre los productores primarios y los sectores con mayor capacidad de compra, procesamiento y comercialización.
El proyecto busca que el organismo vuelva a tener un papel central en la promoción de la sustentabilidad de los distintos eslabones de la cadena, con especial atención a la producción primaria y a las economías familiares que dependen de ella.
Entre las facultades que se propone recuperar figura la posibilidad de utilizar estadísticas, censos y relevamientos para adoptar medidas destinadas a equilibrar la oferta y la demanda. La iniciativa también contempla que el Instituto pueda trabajar conjuntamente con la autoridad agropecuaria nacional en medidas de ordenamiento de la producción ante situaciones de sobreproducción estructural.
Este punto adquiere especial importancia en un mercado en el que los productores no siempre cuentan con capacidad suficiente para regular sus volúmenes de cosecha o negociar en condiciones equilibradas con los compradores.
La propuesta también contempla restablecer la obligatoriedad de los registros de productores, elaboradores, acopiadores, molineros, fraccionadores, importadores, exportadores y otros integrantes de la cadena. La intención es recuperar información sobre el funcionamiento de la actividad y fortalecer las herramientas de fiscalización y seguimiento.
A su vez, plantea reponer las facultades del Inym para promover el asociativismo, particularmente mediante cooperativas yerbateras. El fortalecimiento de las formas asociativas es considerado una herramienta para mejorar la capacidad de negociación de los pequeños productores, facilitar la integración económica y reducir las desventajas que enfrentan cuando actúan de manera individual.
Otro de los ejes centrales es la recuperación de la capacidad de acordar semestralmente los precios de la materia prima, tanto de la hoja verde como de la yerba mate canchada.
De acuerdo con el texto, los valores deberían establecerse mediante el acuerdo unánime de los sectores representados en el Directorio del Instituto. Si no se alcanzara esa unanimidad, intervendría la autoridad agraria nacional mediante un laudo vinculante.
La iniciativa también propone declarar de orden público los precios mínimos de sostén que determine el Inym. En consecuencia, los contratos y las operaciones comerciales que establezcan valores inferiores a los oficiales o contemplen plazos de pago que vulneren esas referencias serían considerados nulos, con las sanciones previstas en la legislación correspondiente.
La recuperación de esta herramienta apunta a intervenir sobre uno de los principales problemas señalados por los productores: la distancia entre los costos necesarios para sostener las chacras y los ingresos que reciben por la materia prima.
El precio de la hoja verde, en el centro de la discusión
Los fundamentos del proyecto describen una estructura productiva caracterizada por la atomización del eslabón primario y una mayor concentración en las etapas de procesamiento y comercialización. Según el diagnóstico incorporado en la iniciativa, esta asimetría reduce la capacidad individual de negociación de los productores y dificulta el traslado de los aumentos de costos al precio de venta.
El documento sostiene que el valor de la hoja verde llegó a ubicarse hasta un 50% por debajo de la grilla de costos técnicos mínimos de producción elaborada por los equipos del propio Inym. Se trata de una cifra consignada en los fundamentos del proyecto, que la diputada utiliza para argumentar la necesidad de recuperar mecanismos institucionales de referencia y negociación.
La diferencia entre costos e ingresos representa una dificultad especialmente significativa para las explotaciones familiares. A diferencia de las empresas con mayor capacidad financiera, muchos pequeños productores deben afrontar con recursos limitados los gastos de mantenimiento de las plantaciones, la cosecha, el combustible, los fertilizantes, las herramientas y las obligaciones laborales.
Cuando el precio recibido no alcanza para cubrir esas erogaciones, el impacto no se limita a una reducción de la rentabilidad. También puede comprometer la continuidad de las tareas en las chacras, generar endeudamiento y dificultar la preparación de las siguientes etapas productivas.
A esto se suman los plazos de pago diferidos que, según los fundamentos de la iniciativa, pueden extenderse entre 60 y 120 días. En esos casos, el productor debe esperar para cobrar una materia prima que ya entregó, mientras continúa afrontando gastos que no admiten la misma demora.
El proyecto sostiene que estas condiciones trasladan una parte importante del costo financiero al eslabón más débil de la cadena y refuerzan la necesidad de contar con mecanismos de concertación que permitan reducir las asimetrías comerciales.
La restitución de las facultades del Inym busca, precisamente, recuperar un ámbito institucional en el que los distintos actores puedan discutir las condiciones de funcionamiento del mercado y establecer referencias para la comercialización de la materia prima.
Registros, fiscalización y autonomía financiera
La iniciativa no se limita a la discusión de precios. También propone restablecer atribuciones relacionadas con la fiscalización de la comercialización, el régimen de estampillado y la administración de los recursos propios del Instituto.
El texto plantea recuperar la presunción de fraude comercial para las ventas realizadas sin el estampillado oficial correspondiente, salvo prueba en contrario, y restablecer las penalidades contempladas por la ley.
Además, establece que los recursos financieros del Inym son de propiedad exclusiva del organismo y que no pueden ser apropiados, retenidos o confiscados por el Tesoro Nacional.
En la misma línea, propone recuperar el límite según el cual los gastos administrativos del Instituto no pueden superar el 5% de sus ingresos o gastos totales.
La intención es que los recursos generados por los mecanismos de fiscalización y estampillado continúen destinados a las finalidades del organismo y al sostenimiento de las políticas vinculadas con la actividad yerbatera.
El proyecto también contempla dejar sin efecto el Decreto 812/2025 y restablecer la reglamentación anterior de la Ley 25.564. Según los fundamentos de la iniciativa, ese decreto limitó la posibilidad del Instituto de establecer intervenciones que pudieran distorsionar los precios de mercado, con consecuencias sobre su capacidad de acordar valores para la materia prima.
Para la propuesta, la restitución de las facultades legales debe ir acompañada de los cambios reglamentarios necesarios para que esas atribuciones puedan ejercerse efectivamente.
En materia institucional, también se plantea reponer las autoridades y la estructura orgánica del Inym al estado anterior al 20 de diciembre de 2023, con representación y participación de los distintos sectores de la cadena.
El proyecto incorpora, además, una cláusula para impedir que esa normalización genere derechos a indemnizaciones, salarios retroactivos, salarios caídos, cómputos de antigüedad o compensaciones por el período en que las facultades institucionales estuvieron suprimidas o alteradas.
La iniciativa busca evitar que la reorganización derive en obligaciones económicas extraordinarias y preservar los recursos del organismo para el cumplimiento de sus objetivos.
En cuanto al financiamiento, propone que las facultades restituidas se sostengan con los recursos genuinos recaudados por el propio Instituto mediante la tasa prevista en la Ley 25.564, sin trasladar el costo de la normalización al Tesoro Nacional.
El texto establece, al mismo tiempo, que el Inym deberá presentar informes trimestrales al Poder Ejecutivo y a las comisiones competentes del Congreso. Esos reportes deberán detallar el funcionamiento de los registros, las medidas adoptadas para ordenar la producción, los acuerdos de precios, las acciones de fiscalización y la administración de los recursos.
De esta manera, la propuesta combina la recuperación de atribuciones con mecanismos de información y seguimiento parlamentario.
Un programa extraordinario para sostener a los pequeños productores
El segundo proyecto presentado por Ruiz apunta a las necesidades más inmediatas de las explotaciones yerbateras de menor escala. La iniciativa propone crear un Programa Extraordinario de Sostenimiento Yerbatero, destinado a pequeños y medianos productores cuyas explotaciones no superen las 50 hectáreas cultivadas.
A diferencia del proyecto orientado a recuperar las facultades del Inym, esta propuesta se concentra en herramientas financieras, tributarias y laborales para aliviar la situación de quienes deben continuar produciendo en un escenario de pérdida de rentabilidad.
El programa contempla cuatro líneas de acción obligatorias: créditos a tasa subsidiada para capital de trabajo, suspensión temporal de ejecuciones fiscales y medidas cautelares, fortalecimiento de los controles sanitarios y de origen sobre las importaciones, y compensaciones transitorias para afrontar costos vinculados con el empleo rural.
El diagnóstico que acompaña la iniciativa sostiene que el aumento de los insumos, las dificultades para cobrar la producción y la presión de las obligaciones financieras e impositivas reducen la capacidad de los productores para mantener sus chacras en funcionamiento.
El objetivo es impedir que esas dificultades se conviertan en un proceso más profundo de endeudamiento, abandono de explotaciones y pérdida de puestos de trabajo.
Créditos subsidiados y un año de gracia
Una de las principales herramientas propuestas es la apertura de líneas de crédito a tasa subsidiada a través del Banco de la Nación Argentina.
Los préstamos estarían destinados al capital de trabajo de pequeños productores y cooperativas yerbateras, con un período de gracia mínimo de un año.
El propósito es brindar liquidez para afrontar los gastos de la actividad y evitar que la falta de recursos en el momento de la cosecha o del mantenimiento de las plantaciones termine comprometiendo la continuidad de las explotaciones.
En los fundamentos, el proyecto identifica como uno de los principales problemas la diferencia entre la evolución de los costos y los ingresos que recibe el productor. Combustibles, fertilizantes, herramientas y otros insumos presionan sobre los gastos de producción, mientras que los ingresos por la venta de la materia prima no necesariamente acompañan esos incrementos.
La pérdida de capital de trabajo limita la posibilidad de realizar las tareas necesarias para sostener los yerbales y cumplir con los compromisos de la explotación. Por eso, la propuesta considera que el financiamiento en condiciones accesibles puede funcionar como una herramienta de emergencia para evitar que una dificultad de liquidez derive en el abandono de la actividad.
El proyecto incorpora una estimación concreta para esta línea: prevé una cartera global de créditos por $50.000 millones a través del Banco Nación y calcula un subsidio de 15 puntos porcentuales sobre la tasa nominal anual, con un costo fiscal estimado de $7.500 millones para un período de doce meses.
Estas cifras forman parte de las estimaciones incluidas en los fundamentos de la iniciativa y deberán evaluarse durante el eventual tratamiento legislativo y la instrumentación de la medida.
Suspensión de ejecuciones fiscales para aliviar la presión financiera
La segunda línea de acción es un alivio fiscal de emergencia para los productores registrados.
El proyecto propone suspender durante un año, con posibilidad de prorrogar la medida por otro período de igual duración, el inicio de juicios de ejecución fiscal y la aplicación de medidas cautelares por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca).
La suspensión alcanzaría a los contribuyentes inscriptos en el Registro de Productores Yerbateros y comenzaría a regir desde la entrada en vigencia de la eventual ley.
La propuesta busca ofrecer un margen de alivio a quienes enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones tributarias debido a la falta de liquidez y a los plazos extendidos de cobro de la producción.
El texto aclara expresamente que la medida no implica una condonación de las deudas. Durante el período de suspensión, los intereses continuarían devengándose y se suspendería el curso de la prescripción de las acciones de cobro.
La diferencia es relevante: el objetivo no es eliminar las obligaciones tributarias, sino evitar que las acciones judiciales y las medidas cautelares comprometan recursos o bienes necesarios para sostener la producción en una etapa crítica.
Los fundamentos del proyecto describen una situación en la que el productor puede entregar la materia prima y no disponer inmediatamente del dinero para afrontar los costos de la siguiente etapa productiva. En ese contexto, el diferimiento de los cobros y las obligaciones fiscales puede generar una presión financiera difícil de absorber para las explotaciones familiares.
Para esta medida, el proyecto estima un impacto de caja de $2.100 millones por la postergación de los cobros judiciales, con la posibilidad de compensarlo dentro del siguiente ejercicio fiscal.
Compensaciones para sostener el empleo rural
El tercer componente económico del programa está vinculado con los costos laborales que afrontan las explotaciones yerbateras.
En particular, se propone coordinar transferencias transitorias destinadas a aliviar el costo de la Tarifa Sustitutiva del Convenio de Corresponsabilidad Gremial para las explotaciones familiares primarias comprendidas en el programa.
El planteo parte de la necesidad de evitar que las dificultades económicas de los productores terminen trasladándose directamente a los trabajadores rurales y sus familias.
La actividad yerbatera sostiene una extensa red de empleo vinculada con la cosecha y las tareas de mantenimiento de los cultivos. Los tareferos dependen de la continuidad de los ciclos productivos y de la capacidad de los establecimientos para afrontar las obligaciones asociadas al trabajo registrado.
En un contexto de caída de los ingresos, los compromisos laborales pueden incrementar la presión sobre las finanzas de las explotaciones de menor escala. Por eso, la propuesta incorpora una compensación destinada a reducir transitoriamente ese costo y preservar el empleo formal.
El proyecto estima que las transferencias para mitigar el costo de la Tarifa Sustitutiva demandarían $3.200 millones.
La iniciativa busca así atender una dimensión social que excede el precio de la materia prima. La continuidad de las chacras también incide sobre las oportunidades laborales en las zonas productoras y sobre los ingresos de las familias que dependen de la cosecha.
Más controles para la yerba mate importada
El cuarto eje del programa plantea reforzar las auditorías sanitarias y de origen de la yerba mate importada desde otros países de la región.
La propuesta establece que los productos importados deben cumplir estrictamente con las disposiciones del Código Alimentario Argentino y contempla el fortalecimiento de los controles correspondientes.
Los fundamentos sostienen que las importaciones de materia prima pueden agregar presión sobre el mercado interno y afectar los precios de la producción nacional. También advierten sobre la necesidad de garantizar condiciones sanitarias y de calidad equivalentes para los productos que compiten en el mercado argentino.
En este sentido, el objetivo es reforzar la fiscalización del origen y la calidad de la yerba importada, además de asegurar que se respeten los requisitos de inocuidad alimentaria.
La iniciativa plantea que la producción nacional debe competir en condiciones equitativas y que los controles tienen que garantizar el cumplimiento de las normas vigentes.
El asunto adquiere relevancia para Misiones, donde la yerba mate no solo representa una actividad económica central, sino que también sostiene una amplia red de productores, cooperativas, secaderos, trabajadores rurales y establecimientos industriales.
En una coyuntura de caída de la rentabilidad, el ingreso de materia prima importada es observado por los sectores productivos como un factor adicional de presión sobre los valores que se pagan en el mercado local.
El fortalecimiento de las auditorías forma parte, por lo tanto, de una estrategia más amplia que busca combinar asistencia financiera, protección del empleo y herramientas para mejorar las condiciones de comercialización.
Un costo fiscal estimado en $12.800 millones
El proyecto de sostenimiento yerbatero incluye una estimación del costo fiscal de las medidas propuestas y establece que los gastos se financiarían mediante la reasignación de partidas del Presupuesto General de la Administración Nacional vigente.
De acuerdo con los cálculos incorporados en sus fundamentos, el costo fiscal directo total del programa ascendería a $12.800 millones.
La estimación comprende tres instrumentos principales: $7.500 millones correspondientes al subsidio de las tasas de interés de los créditos para capital de trabajo; $2.100 millones asociados al impacto de caja por la suspensión temporal de las ejecuciones fiscales; y $3.200 millones destinados a las compensaciones por los costos de la Tarifa Sustitutiva del Convenio de Corresponsabilidad Gremial.
El documento sostiene que el monto representaría el 0,009% del gasto primario proyectado en el Presupuesto 2027 y que podría afrontarse mediante una reorganización de partidas, sin incorporar un gasto estructural permanente.
La propuesta incluye, además, obligaciones de seguimiento para evaluar el destino de los recursos públicos y el impacto efectivo de las medidas.
El Poder Ejecutivo debería designar la autoridad de aplicación, que tendría a su cargo establecer los requisitos de acceso, los montos y las condiciones de cada línea de acción, en coordinación con el Inym, el Banco Nación y la Arca.
También se prevé la presentación de informes trimestrales ante las comisiones competentes de ambas cámaras del Congreso. Esos reportes deberían incluir el nivel de ejecución presupuestaria, la evolución de los precios percibidos por los productores primarios, el volumen de importaciones de materia prima y el impacto social de las medidas sobre las familias cosecheras.
El mecanismo permitiría seguir la aplicación del programa y evaluar si las herramientas de emergencia contribuyen a aliviar la situación financiera de las explotaciones alcanzadas.
El proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la eventual ley dentro de los 60 días posteriores a su publicación en el Boletín Oficial.
Dos proyectos que apuntan a distintos frentes de una misma crisis
Aunque las iniciativas tienen objetivos específicos, sus alcances se complementan. La propuesta de emergencia y restitución de facultades del Inym se concentra en el funcionamiento general de la cadena yerbatera. Busca recuperar herramientas para discutir precios, ordenar la producción, mejorar la información disponible, fortalecer el asociativismo y fiscalizar la comercialización.
El Programa Extraordinario de Sostenimiento Yerbatero, en cambio, apunta a aliviar las necesidades inmediatas de los pequeños y medianos productores, mediante financiamiento, diferimiento de acciones judiciales de cobro y compensaciones para afrontar costos laborales.
La diferencia entre ambos enfoques también se refleja en sus plazos. Mientras la declaración de emergencia tendría una duración inicial de un año, prorrogable por otro, las facultades regulatorias que se busca restituir al Instituto tendrían carácter permanente.
De esta manera, la propuesta combina medidas de corto plazo para afrontar la coyuntura con cambios institucionales destinados a modificar las condiciones en las que se desenvuelve la actividad.
El planteo es que la asistencia financiera puede resultar insuficiente si los productores continúan enfrentando una estructura comercial en la que tienen escasa capacidad para negociar el precio de la materia prima y los plazos de pago. Al mismo tiempo, la recuperación de las herramientas regulatorias no elimina por sí sola los problemas de liquidez que comprometen la continuidad de las explotaciones familiares.
La combinación de ambas dimensiones apunta a atender esas dificultades de manera simultánea.
La importancia de la yerba mate para Misiones
La discusión tiene una importancia particular para Misiones, donde la yerba mate constituye una de las principales actividades productivas y una parte central de la estructura económica de numerosas localidades.
La cadena involucra a productores primarios, trabajadores rurales, secaderos, cooperativas, molinos, fraccionadores, transportistas y comercios. Su funcionamiento repercute sobre el empleo, los ingresos familiares y la actividad económica de las zonas rurales.
Por eso, una crisis de rentabilidad en el eslabón primario puede generar efectos que van más allá de las chacras. La reducción de los ingresos de los productores impacta sobre su capacidad de contratar mano de obra, adquirir insumos, mantener los cultivos y sostener el consumo en las comunidades donde desarrollan su actividad.
Los fundamentos del proyecto de restitución de facultades del Inym señalan que más de 12.500 pequeños y medianos productores y aproximadamente 14.000 familias de trabajadores rurales dependen directamente de la actividad yerbatera. Esas cifras forman parte del diagnóstico presentado por la diputada en el texto legislativo.
El mismo documento destaca que la estructura del sector se caracteriza por una gran cantidad de productores de pequeña escala frente a una mayor concentración en las etapas de industrialización y comercialización.
Esta diferencia de escala explica parte de las dificultades para negociar condiciones comerciales y afrontar períodos prolongados de ingresos reducidos.
Cuando los precios de venta no cubren los costos, las consecuencias pueden incluir endeudamiento, postergación de inversiones, reducción de tareas de mantenimiento y, en los casos más graves, abandono de las explotaciones.
En las economías regionales, además, la posibilidad de sostener la producción está estrechamente vinculada con el arraigo rural. La continuidad de las chacras permite preservar fuentes de trabajo, conocimientos productivos y una estructura social construida alrededor de la actividad.
Desde esa perspectiva, las iniciativas presentadas buscan evitar que la crisis económica se convierta en un deterioro más profundo del entramado productivo de Misiones y de otras zonas productoras.
El impacto de la desregulación y el debate sobre el papel del Estado
Uno de los puntos que atraviesa ambas propuestas es la discusión sobre el papel que debe cumplir el Estado nacional en la organización de la actividad yerbatera.
La modificación de las facultades del Inym a partir del DNU 70/2023 constituye un eje central del primer proyecto. La iniciativa sostiene que el organismo perdió atribuciones vinculadas con la regulación de la cadena, los registros obligatorios, el fomento del asociativismo, los acuerdos de precios y la administración de fondos específicos.
Posteriormente, según los fundamentos del texto, el Decreto 812/2025 modificó la reglamentación de la ley de creación del Instituto y restringió las posibilidades de establecer intervenciones sobre los precios de mercado.
Frente a esos cambios, el proyecto plantea que la recuperación de las facultades originales permitiría reconstruir un ámbito de concertación entre los distintos actores de la cadena.
La discusión no se limita a determinar si debe existir una intervención estatal, sino que abarca qué instrumentos son necesarios para garantizar condiciones de negociación más equilibradas y evitar que las dificultades de un eslabón se trasladen de manera desproporcionada a los demás.
Los fundamentos de la iniciativa sostienen que, en un mercado con numerosos productores de pequeña escala y una mayor concentración en las etapas de compra e industrialización, la ausencia de mecanismos institucionales puede profundizar las asimetrías.
Desde esa perspectiva, el Inym es concebido como un organismo con capacidad para reunir a los distintos sectores, producir información, fiscalizar la actividad y facilitar acuerdos sobre cuestiones centrales para su sustentabilidad.
La propuesta también recupera el antecedente histórico de la creación del Instituto, vinculado con reclamos de los sectores productivos de Misiones y con la necesidad de contar con una institución que atendiera las particularidades de la economía yerbatera.
En ese marco, la restitución de sus atribuciones aparece como una de las respuestas estructurales que se proponen frente a la crisis actual.
El segundo proyecto complementa ese planteo al incorporar herramientas destinadas a amortiguar las consecuencias inmediatas del deterioro económico. El acceso al crédito, la suspensión temporal de ejecuciones fiscales y la compensación de costos laborales buscan dar margen financiero a los productores mientras se discuten las condiciones generales de funcionamiento del mercado.
Una recepción favorable en el sector yerbatero misionero
La presentación de las dos iniciativas encontró una recepción favorable en el sector yerbatero de Misiones, en un contexto de creciente preocupación por la situación de los productores primarios y la continuidad de las explotaciones familiares.
El interés que despiertan las propuestas está vinculado con la posibilidad de abordar, en un mismo paquete de medidas, problemas que afectan tanto la rentabilidad como el funcionamiento institucional de la actividad.
Por un lado, la restitución de facultades del Inym apunta a recuperar instrumentos que los sectores que reclaman una mayor regulación consideran fundamentales para discutir los precios de la materia prima, ordenar la producción y fiscalizar la comercialización.
Por otro, el programa extraordinario incorpora medidas concretas para aliviar las dificultades financieras de los productores de hasta 50 hectáreas cultivadas, un segmento especialmente expuesto a los períodos prolongados de ingresos insuficientes y al aumento de los costos.
La asistencia crediticia con un año de gracia, la suspensión temporal de las ejecuciones fiscales y las compensaciones por costos de empleo rural se presentan como herramientas destinadas a evitar que la crisis comprometa la continuidad de las chacras y las fuentes laborales asociadas con la cosecha.
El refuerzo de los controles sobre la yerba importada también forma parte de los puntos considerados relevantes dentro de la propuesta, debido a la preocupación por las condiciones de competencia y el cumplimiento de los requisitos sanitarios.
La recepción favorable de las iniciativas se produce, además, en un escenario en el que los reclamos del sector no se limitan al precio que recibe el productor. También comprenden el acceso al financiamiento, los plazos de pago, la presión de los costos, las obligaciones laborales y la necesidad de contar con mecanismos institucionales que permitan discutir las condiciones de comercialización.
En ese sentido, las propuestas colocan en el centro del debate la situación de quienes producen la hoja verde y sostienen buena parte del empleo rural vinculado con la yerba mate.
El desafío de evitar el abandono de las chacras
Uno de los objetivos expresados en los fundamentos de los proyectos es impedir que una crisis de rentabilidad derive en un proceso de deterioro productivo de mayor alcance.
La preocupación es que la combinación de precios insuficientes, costos crecientes y dificultades de financiamiento termine reduciendo la capacidad de los productores para mantener sus explotaciones.
En una actividad con ciclos productivos que requieren labores periódicas, la falta de recursos puede tener consecuencias que se prolonguen más allá de una cosecha. La postergación de tareas de mantenimiento, la dificultad para reponer herramientas y la imposibilidad de afrontar los gastos necesarios para continuar produciendo pueden debilitar la capacidad de recuperación de las chacras.
A ello se agrega el impacto sobre los trabajadores rurales, cuyos ingresos dependen de la continuidad de la actividad y de la capacidad de los establecimientos para sostener las tareas de cosecha.
El programa extraordinario busca intervenir sobre esos problemas a través de herramientas financieras y fiscales. La propuesta de recuperación de las facultades del Inym, en tanto, apunta a reconstruir mecanismos que permitan discutir las condiciones económicas en las que se desarrolla la producción.
El objetivo común es sostener la actividad y evitar que las dificultades coyunturales se traduzcan en pérdidas permanentes de productores, empleo y capacidad productiva.
En el caso de Misiones, la importancia de ese objetivo está asociada tanto al peso económico de la yerba mate como a su dimensión social y territorial. Las explotaciones familiares forman parte de una estructura productiva que sostiene a miles de hogares y tiene un impacto directo sobre las comunidades rurales.
Por eso, las medidas destinadas a preservar la actividad son observadas desde una perspectiva que incluye no solo los ingresos del productor, sino también el empleo, el arraigo y la continuidad de una economía regional estratégica.
El tratamiento legislativo, próximo paso para las iniciativas
Los dos proyectos presentados por Yamila Ruiz deberán atravesar el correspondiente tratamiento legislativo para que sus disposiciones puedan convertirse en ley.
En caso de avanzar, la propuesta de emergencia y restitución de facultades del Inym requerirá la recuperación de atribuciones legales y la adecuación de las normas reglamentarias involucradas. También implicará la reorganización institucional prevista en el texto y la puesta en funcionamiento de los mecanismos de información y control parlamentario.
El programa de sostenimiento, por su parte, necesitará la definición de la autoridad de aplicación, los requisitos de acceso, los montos y las condiciones de las líneas de crédito y las compensaciones. Su implementación también dependerá de la reasignación de las partidas presupuestarias previstas para financiar las medidas.
Ambas iniciativas plantean obligaciones de seguimiento que permitirían evaluar su funcionamiento y sus resultados. En el caso del programa extraordinario, los informes trimestrales deberían ofrecer información sobre la ejecución de los recursos, los precios percibidos por los productores, las importaciones y el impacto social sobre las familias cosecheras.
Para la restitución de las facultades del Inym, los reportes previstos deberán dar cuenta de los acuerdos de precios, las medidas de ordenamiento de la producción, las tareas de fiscalización y la administración de los recursos propios del organismo.
Estos mecanismos serán relevantes para determinar si las herramientas propuestas logran contribuir al objetivo de mejorar las condiciones de la actividad y sostener a sus eslabones más vulnerables.
En definitiva, los proyectos abren una discusión que excede la asistencia coyuntural a un sector productivo. Ponen en debate las condiciones de funcionamiento de una de las principales economías regionales del nordeste argentino y el alcance de los instrumentos públicos destinados a sostenerla.
En una coyuntura marcada por la recesión nacional, la pérdida de rentabilidad y los cuestionamientos a la desregulación del mercado, la propuesta consiste en combinar auxilio financiero, alivio fiscal, protección del empleo y recuperación de herramientas institucionales.
Para Misiones, donde la yerba mate constituye una actividad económica y social de enorme relevancia, el desafío es evitar que las dificultades actuales se traduzcan en el abandono de las chacras familiares y en un deterioro duradero del entramado productivo.
La discusión que se abre en el Congreso tendrá como eje, en ese sentido, no solo el precio que recibe el productor, sino también las condiciones necesarias para garantizar la continuidad de la producción, el empleo rural y la sustentabilidad de toda la cadena yerbatera.
