Con el objetivo de consolidarse como líder regional y global, durante 2024 la industria cripto argentina alcanzó un marco regulatorio claro, supervisión estatal y un crecimiento sostenido. Los más de US$ 91.100 millones en transacciones anuales registrados entre julio de 2023 y junio de 2024 validan la relevancia que el país tiene en el ámbito de los activos virtuales. Sin embargo, una traba impositiva reciente genera incertidumbre en el sector de cara al resto del año.
Se trata del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios —popularmente conocido como “impuesto al cheque”—, que aún se aplica a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), a pesar de estar regulados por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y ser Sujetos Obligados ante la Unidad de Información Financiera (UIF). Este tributo, del que están exentos otros actores financieros regulados, impone una carga adicional que genera impactos negativos sobre las compañías cripto.
“Los PSAV enfrentan una carga impositiva significativamente mayor que la de otros actores regulados del sistema financiero. En particular, el Decreto 796 —emitido en 2021— excluyó de manera expresa a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales del régimen de exención del impuesto a los Débitos y Créditos (IDC), que sí alcanza a bancos, ALyCs, PSPs y otros actores regulados, generando así una clara desigualdad fiscal”, destacaron desde la Cámara Argentina Fintech.
Y agregaron: “Además, la incertidumbre sobre la posible aplicación retroactiva del impuesto, a partir de intimaciones recibidas por algunas empresas del sector, genera un nivel de riesgo adicional que desincentiva la inversión y dificulta la planificación. Esta distorsión fiscal limita la competitividad del sector, representa una barrera concreta al desarrollo de una industria estratégica para el país y afecta a los millones de argentinos que utilizan estas plataformas como herramienta de pago, ahorro e inversión”.
Restricciones para la accesibilidad a los activos virtuales
El comunicado de la Cámara fue respaldado por distintas empresas consultadas por Forbes. “Hay algunas normas anacrónicas y/o distorsivas que aún se mantienen vigentes en nuestro país, como ciertas restricciones para la accesibilidad a los activos virtuales, o su tratamiento en el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, que generan inequidades y que necesitan corregirse de forma urgente”, afirmó Juan Pablo Fridenberg, director de Asuntos Públicos en Lemon.
En esa línea, Carlos Peralta, líder de Asuntos Públicos de Bitso Argentina, señala: “Mientras bancos, fintechs y otras entidades financieras gozan de exenciones, las empresas de criptoactivos reguladas por la CNV pagan hasta un 0,6% por cada movimiento bancario, lo que implica una penalización directa a la formalidad y la inversión”. Y advierte: “Esta situación discrimina al sector y atenta contra el crecimiento de una industria que posiciona a Argentina como líder global en innovación financiera”.
La repercusiones para las empresas cripto locales
Mientras las empresas cripto en Argentina disfrutan de un presente favorable gracias al alza del precio de Bitcoin —algunas, como Lemon, incluso triplicaron sus niveles de compra/venta en los últimos días—, también enfrentan una realidad compleja debido al impuesto a los débitos y créditos.
“Nosotros tuvimos un mes en el que todas las ganancias se fueron a pagar el impuesto, y eso nos obligó a cambiar operaciones para evitar que siga sucediendo”, comentó un directivo de un exchange con presencia regional. “Ahora estamos ofreciendo servicios limitados, lo que nos perjudica pero nos permite continuar operando. Pero no todas las compañías del sector están en la misma situación. Si esto se prolonga, veremos despidos o incluso cierres”.
Según pudo saber Forbes, el sector cripto se movilizó para presentar la problemática ante las principales autoridades nacionales. “Estamos haciendo todo lo posible. Tocamos todas las puertas habidas y por haber. Sabemos que es un tema de nicho y que hay muchas prioridades antes. Pero realmente nos afecta, y mucho“, explicaron desde el ecosistema.
Incluso, un directivo de un exchange internacional dialogó en un evento privado con un funcionario cercano a Luis Caputo, ministro de Economía, para pedir una solución. “Le dije que nos come el spread y nos corta el negocio”, relató a Forbes.
Sin embargo, ninguno de estos esfuerzos tuvo éxito. Y en la industria saben por qué: el caso $Libra.
Por qué el gobierno no elimina el impuesto a las empresas cripto
Desde el sector cripto no creen que el gobierno mantenga el impuesto por malicia. Por el contrario, confían en que hay intención de corregirlo, pero que el miedo a las repercusiones del caso $Libra paraliza cualquier acción.
Desde que el presidente Javier Milei promovió públicamente el proyecto $Libra —hoy bajo investigación por presunta estafa—, pocos se animan a “tocar” temas vinculados a las criptomonedas. “Nadie quiere quedar pegado a cripto porque parece mala palabra. Las empresas reguladas no tenemos nada que ver con $Libra, y el gobierno lo sabe. Pero eliminar el impuesto puede generar titulares de ‘apoyo a cripto’ y mezclar todo. Por eso nadie se anima”, explica un referente del sector.
Otro vocero, más contundente, afirma: “Nadie tiene los huevos de llevarle el pedido al Presidente por miedo a una puteada o algo peor. Nos dicen que esperemos hasta después de las elecciones, pero no sé si muchas empresas pueden aguantar tanto”.
La relación entre el sostenimiento del impuesto y el caso $Libra es tan directa que, según pudo reconstruir este medio, en febrero estuvo a punto de eliminarse. Solo faltaba la firma final. Pero todo se frenó el viernes 14 de febrero, el mismo día en que Milei publicó su posteo sobre $Libra. “Tuvimos pésima suerte con el timing”, reconocen en el sector.
Las expectativas por la eliminación del impuesto
En este contexto, las empresas cripto argentinas no tienen más opción que resistir. Con márgenes reducidos, operaciones limitadas y una carga fiscal que penaliza la formalidad, el sector aguarda un cambio que les devuelva previsibilidad.
El deseo común es claro: que tras las elecciones, el gobierno se anime a dar el paso necesario para corregir esta distorsión impositiva, liberar el potencial del ecosistema y consolidar a la Argentina como un verdadero hub de innovación financiera a nivel global. Hasta entonces, la única estrategia posible parece ser esperar.
