La situación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) encendió alertas en Misiones ante una serie de medidas impulsadas por el Gobierno nacional que prevén retiros voluntarios, cierre de agencias de extensión y venta de campos, con fecha límite de definición fijada para el 30 de abril de 2026. Así lo advirtió en Radio Provincia LT17 la secretaria de la Asociación del Personal del INTA (APINTA), seccional Cerro Azul, Silvina Fariza, quien remarcó el impacto directo que estas decisiones tendrían sobre el desarrollo productivo y territorial.
“Es un tema que nos preocupa mucho”, afirmó Fariza, al señalar que desde hace más de un año que los trabajadores del organismo enfrentan recortes y reformas “que no se entienden muy bien por dónde van ni cuáles son sus objetivos”. Según explicó, las iniciativas retoman una agenda que ya había sido frenada por la vía judicial en 2025, tras movilizaciones y el acompañamiento de productores, organizaciones de base y legisladores.
La dirigente sostuvo que existe una “clara voluntad de aplicar la motosierra nuevamente contra los trabajadores”, sin evaluar el impacto sobre el sistema agrobioindustrial argentino. En ese sentido, alertó que una de las principales consecuencias sería el cierre de la totalidad de las agencias de extensión, espacios clave de vínculo entre el INTA y los productores. “Tenemos casi 300 agencias en todo el país; ahí el productor se acerca cuando hay una plaga, una inquietud o una necesidad concreta”, explicó.
En Misiones, el escenario resulta especialmente sensible. Fariza detalló que la provincia cuenta con unas 17 agencias de extensión, además de dos estaciones experimentales, ubicadas en Cerro Azul y Montecarlo, con entre siete y ocho agencias bajo la órbita de cada una. “Eso es lo que puede desaparecer”, advirtió, y mencionó como ejemplos las agencias de Santo Pipó y Apóstoles.
Otro punto crítico se relaciona con los retiros voluntarios, a los que definió como “un despido encubierto”. Según explicó, la incertidumbre ante el cierre de agencias y la disponibilidad forzada empuja a muchos profesionales a aceptar esa opción. “Ante el miedo de quedarse sin nada, muchos eligen retirarse”, sostuvo, y aclaró que la compensación depende de la antigüedad de cada trabajador.
La posible venta de tierras del INTA también genera fuerte rechazo. A nivel nacional, se encuentran bajo análisis entre 34.000 y 41.000 hectáreas, consideradas “ociosas” por las autoridades, una caracterización que Fariza negó de manera categórica. “Esa mirada no contempla la realidad de nuestros territorios”, afirmó. En Misiones, el foco estaría puesto en el campo anexo Manuel Belgrano, perteneciente a la Estación Experimental Montecarlo, con una superficie aproximada de 2.500 hectáreas. Allí funciona un banco vivo único de araucaria, dedicado al mejoramiento genético forestal.
“Ese campo cumple un rol estratégico en conservación genética”, subrayó la secretaria de APINTA, y alertó que parte del personal ya fue trasladado. Además, expresó preocupación por la revisión de las líneas de investigación, orientadas ahora a un criterio de “impacto directo” asociado a la lógica productivista de la zona núcleo. “No es lo mismo investigar para grandes rindes que trabajar sobre estrés hídrico, plagas o conservación de variedades locales”, señaló.
Tras una reunión reciente del Consejo Directivo Nacional del INTA con la Secretaría de Agricultura, Fariza indicó que varios de estos puntos quedaron sujetos a monitoreo hasta el 30 de abril, lo que otorga un margen para el diálogo. “Esto nos da un poco de tiempo para seguir mostrando que el INTA es importante y debe permanecer en los territorios”, expresó.
El futuro del INTA permanece en debate y mantiene en vilo a trabajadores, productores y comunidades rurales de Misiones. Las decisiones que se adopten en los próximos meses resultarán determinantes para sostener la investigación, la extensión y la presencia territorial del organismo.
