Ante el nuevo decreto de Nación que limita aún más las funciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), el representante de los productores yerbateros de San Vicente, Ángel Ozeñuk, manifestó su preocupación. En diálogo con canal12misiones.com, enfatizó en que “Esta medida golpea al sector. No podemos estar peor. Ahora los productores nos sentimos más que defraudados, porque necesitamos un respaldo que nos proteja del impacto en los precios y en la producción”.
El Decreto nacional N° 812/2025, publicado ayer en el Boletín Oficial, establece que el INYM ya no podrá intervenir en el mercado ni fijar precios, limitando sus funciones únicamente a la verificación de calidad de la producción.
La disposición, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, obliga al organismo a adecuar toda normativa vigente en un plazo de 30 días y deroga diez artículos del reglamento de 2002 que regulaban su intervención en la oferta y la demanda.
Incertidumbre en el sector
Ozeñuk destacó que la eliminación de la potestad del INYM para intervenir en el mercado deja a los productores en una situación de vulnerabilidad frente a la libre competencia.
Según señaló: “El INYM funcionaba para determinar un precio de costo y fijaba un mínimo para que las empresas no paguen por debajo”, y en ese marco recalcó la caída en los precios “de estar cobrando 390 a 400 pesos en abril del año pasado, ahora estamos recibiendo entre 180 y 200 pesos. Es insostenible. Hoy el productor no debería cobrar menos de 400 pesos”.
El representante yerbatero también se refirió a la necesidad de organizarse: “Solo así podremos ser realmente escuchados y defender los intereses de los productores”.
Con la desregulación, el sector enfrenta incertidumbre respecto a los precios, la competencia y la capacidad de los pequeños y medianos productores para sostener la producción frente a los costos crecientes, como la inflación y el aumento del combustible.
El Decreto 812/2025 representa un avance en la liberalización del mercado yerbatero iniciado en 2023 con el DNU 70/23, que ya había eliminado la potestad del INYM para fijar precios de la materia prima. El Gobierno nacional justificó la medida señalando que busca lograr una administración pública más eficiente, eficaz y de calidad, capaz de responder con mayor rapidez a las demandas de la sociedad.
Para los productores, la preocupación central es cómo sostener la rentabilidad y mantener el mercado interno estable, mientras se adaptan a un escenario donde la regulación tradicional del INYM queda prácticamente eliminada.
Passalacqua alerta por la desregulación del INYM y el riesgo de mayor concentración
El gobernador Hugo Passalacqua utilizó sus redes sociales para manifestarse “ante las nuevas medidas oficializadas hoy por el Gobierno nacional en torno al INYM, nos sentimos en la obligación de reiterar nuestro llamado de atención sobre los riesgos de mayor concentración en el sector”. Ante tal panorama, afirmó que “es, fue y será siempre nuestra prioridad cuidar a toda la familia yerbatera: productores, tareferos, cooperativas e industrias. Solo un mercado equilibrado garantiza que todos puedan vivir de su trabajo”.
Los riesgos que implica la medida desregulatoria
De esta manera, desde el Gobierno de Misiones advirtió los riesgos que implican la medida de Nación que modificó mediante el Decreto N° 812/2025 el reglamento del INYM. Este elimina la facultad del organismo para fijar el precio de la materia prima que se abona a los productores.
Este cambio desregulatorio, comunicado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, suprime una de las principales herramientas de intervención del organismo en el mercado.
La medida se enmarca en la política de desregulación del Poder Ejecutivo Nacional. El objetivo declarado por Nación es derogar las normas consideradas contrarias a la defensa de la competencia en el mercado.
Los ejes centrales de la reforma son tres: la derogación de las facultades del INYM para intervenir en la actividad económica del sector, la prohibición expresa de distorsionar los valores de mercado y la adecuación integral a la nueva normativa de competencia.
