El Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) anunció que controlará las medidas adoptadas por el colegio público de gestión privada Santa Catalina de Posadas, tras la denuncia por amenazas y hostigamiento contra una estudiante de segundo año.
El organismo solicitará documentación a las autoridades educativas para comprobar que las acciones protejan a las alumnas afectadas y garanticen la continuidad escolar de todos los estudiantes involucrados.
La denuncia por amenazas que involucra a unos 15 estudiantes
El caso tomó estado público luego de que una adolescente denunciara que fue perseguida y amenazada por un grupo de aproximadamente 15 estudiantes. Según la denuncia, el episodio ocurrió cuando esperaba el colectivo y el grupo la siguió durante varias cuadras. La intervención de una mujer evitó que la situación terminara en una agresión física.
Tras el hecho, las autoridades del colegio Santa Catalina informaron que activaron los protocolos correspondientes y dispusieron medidas de resguardo para la estudiante.
Imágenes del establecimiento escolar. Tras lo sucedido, el Instituto Superior Santa Catalina emitió un comunicado.
El Spepm pedirá documentación y controlará las respuestas institucionales
A través de un comunicado, el organismo provincial expresó su preocupación por los presuntos episodios de violencia, amenazas y hostigamiento entre adolescentes. Además, confirmó que solicitará informes documentados para evaluar las intervenciones de la institución y verificar si las medidas adoptadas resultan efectivas.
El control deberá contemplar dos aspectos centrales: la protección de las estudiantes afectadas y la continuidad de las trayectorias escolares de los alumnos involucrados. El SPEPM también señaló que las actuaciones deben respetar el derecho de defensa de las personas señaladas y la confidencialidad necesaria cuando hay menores de edad.
Qué obligaciones tienen las instituciones educativas
El organismo recordó que las escuelas deben cumplir tareas de prevención, acompañamiento e intervención pedagógica, además de mantener una comunicación adecuada con las familias y las autoridades de protección.
Por último, remarcó que ningún episodio de violencia puede naturalizarse ni justificarse dentro o fuera de una comunidad educativa. También pidió mayor compromiso de directivos, docentes y responsables parentales para prevenir estas situaciones, con respuestas firmes, proporcionales y respetuosas de los derechos de todos los estudiantes.
El comunicado del Spepm
Ante los hechos que han tomado público conocimiento, el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones expresa su profunda preocupación frente a los presuntos hechos de violencia, amenazas y hostigamiento entre adolescentes en la ciudad de Posadas.
Previo a cualquier análisis, como Organismo de Control reafirmamos que ninguna manifestación de violencia puede ser naturalizada ni justificada dentro y fuera de una comunidad educativa. Hemos tomado conocimiento de actuaciones institucionales y de la intervención de las autoridades competentes, y, por tanto, nos corresponde ahora supervisar su alcance y efectividad, requiriendo información documentada y verificando que las medidas dispuestas garanticen la protección de las estudiantes y la continuidad de las trayectorias escolares de los alumnos involucrados.
Toda intervención debe respetar simultáneamente los derechos de las personas afectadas, el derecho de defensa de quienes sean señalados como responsables y la confidencialidad que exige la protección de las personas menores de edad. El nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801, reafirma la importancia de la responsabilidad de los adolescentes por sus actos, dentro del marco de garantías y competencias judiciales correspondientes.
Las instituciones educativas, por su parte, tienen obligaciones propias de prevención, acompañamiento, intervención pedagógica y comunicación con las familias y las autoridades de protección.
El SPEPM por su parte, considera indispensable fortalecer el compromiso de los representantes legales, directivos, docentes y responsables parentales en la prevención y erradicación de la violencia.
La escuela debe ser un espacio donde niños, niñas y adolescentes puedan aprender sin miedo, donde las situaciones de violencia reciban respuestas concretas y donde la autoridad educativa se ejerza con responsabilidad y justicia.
Proteger a los alumnos afectados, recabar información, determinar responsabilidades y educar para la convivencia son deberes que la Institución Educativa y la familia deben cumplir conjuntamente.
Consideración final pedagógica:
El verdadero sentido de la nueva legislación penal juvenil no puede reducirse a que los adolescentes sean castigados más tempranamente. Supone, además, reconocer que sus conductas tienen consecuencias, que existen derechos de otras personas que no pueden vulnerarse y que la responsabilidad debe enseñarse y exigirse progresivamente.
Por su parte, las Autoridades Educativas se fortalecen cuando actúan con firmeza, proporcionalidad, justicia y respecto por la verdad, fortaleciendo el dialogo, entre familia, escuela y Organismos competentes.
El resultado debe ser un precedente institucional positivo para todos los establecimientos: las conductas violentas tienen consecuencias; las familias son corresponsables de la trayectoria educativa y la conducta de sus hijos/as.
SERVICIO PROVINCIAL DE ENSEÑANZA PRIVADA DE MISIONES.
