China puso en vigencia el Decreto N° 835, denominado “Reglamento de la República Popular China sobre la Lucha contra la Jurisdicción Extraterritorial Injustificada de Estados Extranjeros”. La norma establece un marco legal para ciudadanos, empresas e instituciones chinas radicadas en el exterior frente a medidas adoptadas por otros países que Beijing considere incompatibles con sus intereses.
El decreto dispone que el Consejo de Estado evalúe aquellas normas extranjeras que interprete como casos de “jurisdicción extraterritorial injustificada”. A partir de esa evaluación, las autoridades podrán determinar si ciudadanos u organizaciones chinas deben abstenerse de cumplir determinadas disposiciones dictadas fuera de China.
El texto oficial establece: “El departamento competente en materia de Estado de derecho del Consejo de Estado, conjuntamente con otros organismos competentes, llevará a cabo la identificación de las medidas de jurisdicción extraterritorial injustificada adoptadas por Estados extranjeros y podrá realizar investigaciones y consultas con las partes extranjeras, entre otras actuaciones. Las organizaciones y personas podrán proponer al citado departamento el inicio del procedimiento de identificación”.
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Además, la normativa fija criterios para evaluar esas medidas. Entre ellos menciona si la disposición infringe el derecho internacional, si existe una conexión apropiada con el Estado que pretende ejercer jurisdicción y si perjudica la soberanía, la seguridad o los intereses de desarrollo de China.
El reglamento también señala: “Cuando, tras el procedimiento de identificación, se determine que una medida constituye una medida de jurisdicción extraterritorial injustificada de un Estado extranjero, el departamento competente del Consejo de Estado podrá anunciar oficialmente dicha determinación. Ninguna organización ni persona podrá ejecutar ni colaborar en la ejecución de tales medidas”.
Sin embargo, el decreto contempla excepciones. “Cuando, por circunstancias especiales, un ciudadano u organización chinos necesiten ejecutar o colaborar en la ejecución de dichas medidas, deberán solicitar autorización al departamento competente del Consejo de Estado, exponiendo los hechos, los fundamentos y el alcance de la actuación requerida. Una vez aprobada conforme al procedimiento de decisión del Mecanismo de Trabajo, podrán ejecutarlas únicamente dentro del ámbito expresamente autorizado”.
La norma también prevé investigaciones administrativas y exige la colaboración de empresas y particulares durante esos procedimientos. Asimismo, habilita acciones judiciales cuando una organización o persona considere afectados sus derechos por el cumplimiento de medidas extranjeras.
La publicación del Decreto N° 835 incorporó un nuevo marco regulatorio para la actuación de ciudadanos, empresas e instituciones chinas fuera de su territorio y abrió un escenario con posibles implicancias para las relaciones entre China y los países donde desarrollan sus actividades.
