El fiscal general, Paulo Gonet, pidió este martes a la Corte Suprema que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y otros siete acusados queden declarados culpables de cinco delitos contra el orden democrático. Aunque no llegó a sugerir una pena, que podría llegar a 40 años de cárcel.
La Fiscalía General “espera que el juicio acepte la procedencia de la acusación producida”, dijo Gonet. Fue tras presentar los cargos por golpismo frente a los cinco jueces de la Primera Sala de la Corte, donde se celebra el proceso penal cuya fase final comenzó este martes.
Aseguró que todo quedó “debidamente constatado” y “ratificado” por muchos de los 52 testigos escuchados por el tribunal durante la fase de instrucción. Gonet presentó un pormenorizado relato sobre la actividad que calificó como “organización criminal”. Agregó que tenía el objetivo de “desconocer la voluntad popular” e impedir que el progresista Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el poder tras derrotar a Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2022.
Según el fiscal, “el grupo liderado por el presidente Bolsonaro y compuesto por figuras claves del Gobierno, las Fuerzas Armadas y organismos de inteligencia, desarrolló e implementó un plan progresivo y sistemático de ataque a las instituciones democráticas con la finalidad de impedir la alternancia legítima del poder”.
Al borde de un “proyecto autoritario de poder”
Afirmó que “desde 2021 se adoptó la táctica de generar un clima de desconfianza en las instituciones democráticas” y en favor de un “proyecto autoritario de poder” y “con fines de golpe“, en alusión a una dura campaña contra el sistema electoral del país que Bolsonaro encabezó desde el Gobierno.
En su relato, citó manifestaciones convocadas por el líder de la ultraderecha contra las autoridades judiciales y electorales, que pretendían “incitar a una rebelión popular” frente a las elecciones y tomaron forma tras la victoria de Lula en octubre de 2022.
Con esa postura coincidió el magistrado de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes, instructor del juicio contra Bolsonaro, quien declaró que los acusados buscaron imponer “una verdadera dictadura” en el país.
“Solo queda lamentar que en la historia republicana brasileña haya habido un nuevo intento de golpe, atentando contra las instituciones y contra la propia democracia, para instalar un estado de excepción y una verdadera dictadura”, dijo el juez.
De Moraes, en la lectura del informe del caso, dijo que una “verdadera organización criminal” intentó romper el orden democrático en momentos en que el país atravesaba “una nociva radical y violenta radicalización política”.
Pistas sobre la trama golpista
La defensa del edecán de Bolsonaro, el teniente-coronel Mauro Cid, afirmó que dio pistas sólidas sobre hechos de “extrema relevancia” que ayudaron a destapar la trama golpista.
Los abogados de Cid, Jair Alves Pereira y Cezar Bitencourt, fueron los primeros en presentar sus argumentos en la fase final del juicio, que empezó este martes en la Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil, en Brasilia.
Pereira defendió el acuerdo de colaboración que firmó Cid con la Justicia, en el que confesó los hechos y colaboró con la Justicia para ayudar en las investigaciones de la trama golpista.
El resto de acusados han pedido de forma reiterada la nulidad del testimonio de Cid por supuestas contradicciones en sus declaraciones y supuestas presiones por parte de la Policía y del juez De Moraes, tesis rechazada de manera enfática por Pereira.
Sin la presencia de Bolsonaro
El presidente de la Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil, Cristiano Zanin, abrió hoy la primera sesión de la fase final del juicio, a la que Bolsonaro ha decidido no asistir.
Según confirmó su familia, el líder de la ultraderecha, de 70 años, tiene problemas de salud. Por eso no solicitó la autorización que requeriría para abandonar su domicilio y estar presente en las sesiones, que se prolongarán hasta la semana próxima, cuando deberá ser dictada sentencia.
Bolsonaro y otros siete reos, entre los que figuran exministros y antiguos jefes militares, responden por cinco delitos contra el régimen democrático, todos originados durante la convulsionada fase política en la que se sumergió Brasil tras las elecciones de octubre de 2022.
En esos comicios, Bolsonaro aspiraba a la reelección, pero fue derrotado por Lula, aunque nunca reconoció el resultado de las urnas. La Primera Sala del Supremo, a cargo del proceso, reservó para la fase final del juicio las sesiones de este mismo martes y del miércoles, y continuará las audiencias los días 9, 10 y 12 de septiembre.
