La defensa de Jair Bolsonaro presentó el 25 de septiembre una nueva revisión criminal ante la Corte Suprema de Brasil para intentar anular la condena a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. El pedido incluye además una medida cautelar para suspender la ejecución de la pena y permitir la libertad provisional del expresidente mientras se resuelve el planteo.
Los abogados ya habían solicitado la suspensión de la condena el 24 de septiembre, pero retiraron ese pedido horas después debido a diferencias entre los integrantes de la defensa. La nueva presentación fue enviada al magistrado Kassio Nunes Marques, integrante del Supremo Tribunal Federal desde 2020, cuando fue propuesto durante el gobierno de Bolsonaro.
Como argumento principal, la defensa presentó un informe técnico que señala supuestas “diversas irregularidades” en la cadena de custodia de algunas pruebas digitales utilizadas durante el proceso. El documento no sostiene que los archivos esten adulterados, pero cuestiona que en determinados materiales no pudo verificarse de manera completa su origen, extracción y procesamiento.
Entre las pruebas cuestionadas aparecen mensajes de Signal obtenidos de los teléfonos del teniente coronel Mauro Cid, exedecán de Bolsonaro. Según el informe citado por los abogados, algunas conversaciones estan registradas mediante filmaciones de la pantalla del teléfono y no a través de una extracción pericial de los datos, lo que, según la defensa, habría limitado la posibilidad de verificar el material.
La defensa también vinculó sus argumentos con las discusiones dentro del Supremo sobre una investigación que involucra al magistrado Alexandre de Moraes y al exbanquero Daniel Vorcaro. Los abogados sostienen que existen similitudes con la investigación que incorporó a Bolsonaro al proceso por difusión de informaciones falsas y que luego sirvió de base para las acusaciones por la trama golpista.
