La Policía de Misiones ya completó la capacitación de sus efectivos en las 15 Unidades Regionales para aplicar el nuevo Régimen Penal Juvenil, que entró en vigencia este sábado y bajó a 14 años la edad de responsabilidad penal, y el comisario general Sandro Martínez afirmó que los comandos trabajan articuladamente con el fuero Correccional y de Menores para garantizar una aplicación coordinada de la normativa. “Los 15 comandos regionales ya están trabajando en eso, ya tuvieron sus capacitaciones y se reunieron con el fuero correspondiente”, explicó el jefe policial, y destacó que la fuerza se preparó antes de la entrada en vigencia de la ley para asegurar que los procedimientos se ajusten a los nuevos criterios establecidos.
El nuevo régimen, que reemplazó al vigente desde 1980, establece que los adolescentes de 14 a 17 años pueden ser investigados, juzgados y sancionados por delitos. La medida prevé un sistema de penas graduales que prioriza medidas alternativas a la prisión para los delitos menos graves y prevé penas de hasta 15 años de cárcel para crímenes de extrema gravedad en establecimientos especializados.
La ley 27.801 contempla distintas sanciones como amonestaciones, restricciones de acercamiento, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño y, en los casos más severos, privación de la libertad, siempre en dependencias separadas de las de adultos.
Además de las sanciones, el régimen contempla educación, seguimiento y reinserción social, con el objetivo de que el adolescente asuma la responsabilidad por sus actos y cuente con herramientas para reinsertarse en la comunidad. En Misiones, la Jefatura de Policía articuló criterios de intervención con el fuero Correccional y de Menores para garantizar que los procedimientos se realicen de manera coordinada y con el debido respeto a los derechos de los jóvenes.
Cómo actuará la Policía con el núevo Régimen Penal Juvenil
En la práctica, ante un procedimiento que involucre a un menor de 14 a 17 años, la Policía realizará las actuaciones y dará inmediata intervención a la Justicia, que evaluará el hecho y determinará las medidas a adoptar según la gravedad del caso. Además, Misiones cuenta con cuatro Centros Modelo de Asistencia y Seguimiento (Ce.Mo.A.S.), destinados al abordaje de adolescentes en conflicto con la ley, donde se aplicarán las medidas de seguimiento y reinserción contempladas en el nuevo régimen.
La normativa establece que para los delitos graves, como homicidio o violación, los adolescentes podrán recibir penas de hasta 15 años de prisión en establecimientos especializados, mientras que para delitos de menor gravedad se priorizarán las medidas alternativas. El sistema busca evitar que los jóvenes ingresen al circuito penal adulto y apuesta a que puedan reformar sus conductas mediante el acompañamiento educativo y terapéutico.
Desde el Ministerio de Justicia nacional remarcaron que el nuevo régimen no implica que los adolescentes sean tratados como adultos, sino que se les exige responsabilidad por sus actos dentro de un marco que protege sus derechos y garantiza su desarrollo integral. La ley también establece que la detención de adolescentes no puede ser en dependencias con adultos y que en todos los casos debe priorizarse el interés superior del niño.
Charlas y concientización en toda la provincia
La Policía continuará fortaleciendo la prevención mediante charlas y espacios de concientización en escuelas y barrios, dirigidos a adolescentes, padres y docentes, para explicar los alcances de la nueva ley, sus consecuencias y promover herramientas que permitan prevenir situaciones delictivas. El objetivo es que la comunidad conozca las implicancias del nuevo régimen y que los jóvenes comprendan que desde los 14 años cometer un delito tiene consecuencias penales.
La implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil representa un cambio histórico en el sistema de justicia argentino, y la preparación de la Policía de Misiones busca garantizar que la transición se realice de manera ordenada y con el menor impacto posible en la comunidad. Las autoridades provinciales trabajan en la difusión de la nueva normativa y en la articulación de los recursos necesarios para su aplicación.
