La investigación por presunta corrupción en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó un elemento clave este viernes. La revelación de que Diego Spagnuolo habría eliminado información de su teléfono móvil horas antes de un allanamiento abrió un nuevo frente judicial y generó más sospechas sobre el exfuncionario.
Según el informe técnico de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), la manipulación del dispositivo ocurrió poco antes de su secuestro. El teléfono, un iPhone 16 pro max, fue incautado en el barrio privado Altos de Campo Grande, en Pilar. Durante el operativo, los agentes lograron asegurarlo mientras aún se encontraba desbloqueado y operativo, un detalle que permitió avanzar en la extracción de datos.
El análisis forense reveló que la manipulación incluyó intentos de restablecer la cuenta de WhatsApp en otro dispositivo el 21 de agosto a las 15:43. Además, los especialistas constataron la eliminación manual de mensajes y la existencia de numerosos chats con la leyenda “…end to end encrypted”. Para los peritos, ese registro evidenció un vaciado intencional, ya que la aplicación muestra ese mensaje inicial de sincronización tras borrar el historial de conversaciones.
La extracción parcial de datos, realizada con la herramienta UFED en modalidad AFU-after first unlock, permitió además recuperar una clave de iCloud asociada al dispositivo. Ese hallazgo se convirtió en la base de un nuevo pedido del fiscal Franco Picardi al juez Sebastián Casanello.
El pedido del fiscal Picardi
Picardi solicitó que la empresa Telecom Personal Argentina entregue una tarjeta SIM vinculada al número de Spagnuolo en un plazo máximo de 24 horas. También pidió que se prohíba la reasignación de esa línea mientras dure la medida y que se amplíe la orden de registro a posibles copias de seguridad de iCloud.
El fiscal explicó que el objetivo es sincronizar un dispositivo controlado por DATIP con la cuenta de iCloud del exfuncionario. De esa forma, los investigadores esperan restaurar el último backup y recuperar material que podría haber sido borrado antes del allanamiento.
En su presentación, Picardi fundamentó la necesidad de estas medidas para “neutralizar los efectos de las maniobras contraforenses realizadas con anterioridad al secuestro del dispositivo”.
El origen de la causa
La causa se originó con la denuncia presentada por Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner en causas civiles. Desde entonces, la investigación incorporó testimonios de allegados, registros de ingreso a countries, allanamientos en cajas de seguridad y peritajes sobre dispositivos electrónicos.
Uno de los elementos más explosivos fueron los audios atribuidos a Spagnuolo. En ellos se describe un presunto esquema de distribución de sobreprecios que involucraría a Lule Menem y a Karina Milei. La difusión pública de esas grabaciones, realizada el 22 de agosto por los periodistas Jorge Rial y Maurio Federico en Carnaval Stream, aceleró el curso de la investigación.
Frente a esos audios, el fiscal ordenó su transcripción. Además, tanto las defensas como la organización Poder Ciudadano pidieron peritajes para determinar la autenticidad de las voces y verificar posibles ediciones. La defensa de la droguería, en cambio, solicitó que los audios se anulen como prueba.
La defensa de la droguería
Martín Magram, abogado de Suizo Argentina, argumentó que las operaciones de compra de medicamentos ya habían sido objeto de una investigación anterior, archivada por inexistencia de delito. En ese marco, invocó el principio de ne bis in idem, que impide juzgar dos veces los mismos hechos.
La postura de Magram fue rechazada por la Fundación Poder Ciudadano, que pidió continuar con la evaluación de las pruebas. A partir de este contrapunto, el juez Casanello deberá resolver un aspecto central de la causa.
El testimonio de Fernando Cerimedo
Otro punto de impacto llegó con la declaración de Fernando Cerimedo, fundador de La Derecha Diario. Ante el fiscal Picardi, el comunicador confirmó que Spagnuolo mencionaba a Karina Milei y a Lule Menem en sus conversaciones. También relató que el exfuncionario le manifestó su descontento por haber sido excluido “del negocio”.
Ese testimonio reforzó la veracidad de los audios difundidos públicamente y aportó contexto a los supuestos mecanismos de corrupción investigados.
Las pruebas documentales y administrativas
En paralelo, la Justicia avanzó con la incautación de los correos laborales de Spagnuolo y con el análisis del servidor de Suizo Argentina. Según la investigación, la Andis no realizaba compras mediante licitaciones tradicionales, sino a través de concursos privados de precios para cada medicamento en particular.
La logística de Suizo Argentina, que realiza entregas diarias en todo el país, la posicionó como proveedor central dentro de ese esquema. La empresa, con más de cien años de trayectoria, aseguró que apenas el 10% de su facturación depende de contratos estatales, mientras que su principal negocio está vinculado a farmacias, hospitales, prepagas y obras sociales.
Además, la Justicia incautó expedientes administrativos de la Andis y facturas emitidas por la droguería. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) ya revisa esa documentación en busca de sobreprecios e irregularidades. Fuentes judiciales indicaron que los primeros hallazgos señalaron anomalías administrativas que serán clave en la próxima etapa de la causa.
Un expediente cada vez más complejo
Con la revelación sobre la manipulación del celular de Spagnuolo, la investigación sumó un capítulo de alto impacto. El dato no solo refuerza la hipótesis de intentos deliberados de ocultamiento, sino que también obliga a los investigadores a desplegar medidas urgentes para evitar la pérdida de información sensible.
Mientras el fiscal Picardi presiona para avanzar sobre las copias de seguridad en iCloud, la defensa de los involucrados busca desestimar pruebas clave. En paralelo, la opinión pública sigue atenta al caso, ya que la posible implicación de figuras cercanas al gobierno otorga al expediente un fuerte contenido político además de judicial.
La próxima decisión del juez Casanello sobre el acceso a la cuenta de iCloud, la validez de los audios y la continuidad de las pericias resultará determinante. Cada nueva medida puede acercar a la Justicia a la confirmación de un entramado de corrupción en la Andis o abrir espacio para las estrategias defensivas que buscan frenar la investigación.
