La Comisión de Legislación General, Justicia y Comunicaciones de la Cámara de Representantes de Misiones recibió a la abogada y capacitadora en reforma procesal penal Gabriela Sommer Aromí, quien expuso sobre los cambios propuestos para transformar el sistema de justicia penal de la provincia. La presentación se realizó en el marco del tratamiento de un expediente que propone conformar una mesa de trabajo interdisciplinaria para avanzar en la modificación del Código Procesal Penal.
La iniciativa fue planteada por ministros del Superior Tribunal de Justicia y el procurador general de la provincia. El objetivo es reunir al Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y el Colegio de Abogados para trabajar en una transformación integral del sistema.
Durante su exposición ante los integrantes de la comisión, Sommer Aromí señaló que uno de los principales desafíos consiste en pasar de un procedimiento predominantemente escrito y burocrático a un modelo organizado alrededor de las audiencias. Según explicó, el cambio permitiría poner el foco en la gestión de las investigaciones y en la resolución de los conflictos, en lugar de concentrar la actividad judicial en la producción de expedientes.
En ese marco, también destacó la importancia de incorporar mecanismos alternativos para la resolución de conflictos y de adecuar el funcionamiento de los organismos que intervienen en el proceso penal. Entre otros aspectos, mencionó la creación de fiscalías especializadas y una mayor coordinación entre el Ministerio Público Fiscal y distintas áreas del Estado.
Una reforma que requiere cambios en las prácticas
Otro de los puntos abordados fue la desformalización del proceso penal. Sommer Aromí explicó que otorgar mayor centralidad a las audiencias no implica reducir la calidad de las intervenciones judiciales, sino modificar la dinámica de los procedimientos para alcanzar respuestas concretas frente a los conflictos.
También planteó la posibilidad de incorporar el juicio por jurados a través de una ley específica, independientemente de la regulación que finalmente adopte el nuevo Código Procesal Penal sobre este aspecto.
En cuanto a la organización institucional, remarcó la importancia del diseño de una oficina judicial para acompañar la implementación del sistema acusatorio. Esta estructura permitiría diferenciar las funciones jurisdiccionales de los jueces de las tareas administrativas y de gestión, de modo que los magistrados puedan concentrarse en resolver los planteos formulados por las partes.
La necesidad de capacitar a fiscales, jueces y defensores
La especialista también hizo hincapié en que la reforma no puede limitarse a una modificación normativa. En ese sentido, consideró que la transición debe desarrollarse de manera gradual y con una preparación previa de los operadores del sistema. “La ley puede cambiar y en la realidad no cambia nada si los operadores del sistema no entienden el cambio y no trabajan en consecuencia”, advirtió.
Por ese motivo, planteó la necesidad de capacitar a fiscales, jueces y defensores, tanto particulares como oficiales, antes y durante la puesta en funcionamiento del nuevo esquema. Además, señaló que será necesario evaluar los recursos disponibles para determinar el orden en que la reforma podría implementarse en las distintas circunscripciones judiciales.
La especialista consideró que la transformación debe respetar los tiempos necesarios para que los nuevos mecanismos puedan incorporarse efectivamente al trabajo cotidiano de los organismos que intervienen en los procesos penales.
Como eje final, Sommer Aromí sostuvo que el objetivo de la reforma debe estar puesto en brindar respuestas adecuadas a los conflictos que ingresan al sistema penal. En esa línea, planteó que la gestión judicial debe orientarse a resolver las situaciones que llegan al Estado y no únicamente a generar expedientes, con impacto tanto en las personas involucradas en los procesos como en la ciudadanía.
Sommer Aromí es abogada especialista en Derecho Penal, mediadora, docente universitaria y capacitadora en reforma procesal penal. Participó en el proceso de reforma procesal penal de Corrientes y en actividades de capacitación vinculadas con la implementación de estos cambios en Chaco.
