El Ejecutivo nacional tomó la decisión de revocar la jubilación de privilegio del ex vicepresidente Amado Boudou, aplicando el mismo criterio utilizado contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ambos exfuncionarios recibieron condena por hechos de corrupción, y la medida apunta a dar cumplimiento a una política del gobierno de Javier Milei de no destinar recursos públicos a quienes fueron culpables de delitos que afectaron la confianza pública.
La decisión contra Boudou
Amado Boudou, quien fue vicepresidente entre 2011 y 2015 durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, recibió condena en 2018 por el Tribunal Oral Federal N° 4 en el caso Ciccone. En 2020, la Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos presentados por su defensa y ratificó la sentencia de 5 años y 10 meses de prisión por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. Actualmente cumple su condena en prisión domiciliaria y está inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.
El caso Ciccone, que marcó el final de su carrera política, se centró en la adquisición de la imprenta Ciccone Calcográfica a través de The Old Fund, una sociedad pantalla cuyo rostro visible fue el empresario Alejandro Vandenbroele. Según la justicia, Boudou utilizó su posición en el Estado para garantizar ventajas económicas en favor de esta operación irregular.
Por sus 1461 días como vicepresidente, Boudou percibía mensualmente $6.814.272 en concepto de pensión vitalicia, un beneficio que, según el vocero presidencial Manuel Adorni, se eliminará de forma inmediata.
Declaraciones oficiales
En conferencia de prensa, Adorni explicó que este tipo de pensiones “no tienen carácter contributivo”, ya que no están asociadas a aportes realizados por el beneficiario durante su vida laboral, sino que se otorgan como un reconocimiento extraordinario al mérito y el honor en el desempeño del cargo.
“El beneficio previsto por la Ley 24.018 no puede aplicarse a los condenados por hechos de corrupción, ya que eso contradice los principios de mérito y honor que fundamentan este tipo de asignaciones”, sostuvo Adorni. Y añadió: “Durante el mandato de Javier Milei, no destinaremos fondos públicos a personas que hayan mancillado el honor y la dignidad de los argentinos”.
Extensión de la medida
La resolución, oficializada este viernes, podría extenderse a otros exfuncionarios en situaciones similares. Adorni adelantó esta posibilidad en sus redes sociales, al afirmar: “Por supuesto que este criterio se aplicará a todas las personas en condiciones similares”. De hecho, minutos después del anuncio sobre Cristina Kirchner, el Gobierno confirmó que la asignación de Boudou también es uno de los objetivos.
Entre los posibles afectados futuros se encuentra Zulema Yoma, ex esposa del fallecido ex presidente Carlos Menem, quien percibe una pensión especial. Menem había sido condenado en 2015 a 4 años y 6 meses de prisión por el pago de sobresueldos a funcionarios de su administración entre 1989 y 1999 con fondos reservados de la SIDE.
Reacciones políticas y judiciales
Desde Estados Unidos, donde se encuentra para reunirse con el presidente electo Donald Trump, Javier Milei respaldó la medida con un mensaje contundente en sus redes sociales: “El que las hace, las paga”. En paralelo, fuentes cercanas al Gobierno confirmaron que se están preparando para enfrentar posibles apelaciones judiciales de los afectados, dado que las decisiones podrían ser cuestionadas en tribunales.
Contexto de la decisión
La quita de beneficios a Boudou se enmarca en una serie de acciones adoptadas tras la confirmación de la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Este jueves, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la pena de 6 años de prisión para la ex presidenta por administración fraudulenta y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En ese caso, Kirchner aún tiene la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema.
El impacto político de la medida
El anuncio refleja la postura del Gobierno de Milei de endurecer las políticas contra la corrupción y revisar los privilegios otorgados a exfuncionarios condenados. Según fuentes oficiales, estas decisiones buscan “recuperar el sentido común en la administración de los recursos públicos”, en un contexto donde las demandas sociales por mayor transparencia y responsabilidad política son crecientes.
