La Cámara Alta del Congreso sancionó el miércoles 10 de julio la emergencia en discapacidad, en el marco de una sesión especial en la que no participó el oficialismo. La aprobación fue posible por el acompañamiento de bloques opositores y provinciales, entre ellos el Frente Renovador Neo de Misiones, representado por los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, quienes votaron a favor.
La ley establece medidas urgentes ante el recorte presupuestario que afecta a las personas con discapacidad en todo el país. El objetivo es restituir fondos para garantizar prestaciones, transporte, ayudas técnicas y medicamentos de alto costo. La norma aún debe ser reglamentada por el Poder Ejecutivo para su aplicación efectiva.
La presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, en diálogo con Canal 12 sostuvo que “hay una situación muy crítica en materia de discapacidad porque se está poniendo en riesgo las prestaciones y servicios a las personas con discapacidad, en aspectos de la salud, las ayudas técnicas, la garantía que llegue la medicación de alto costos”.
Agregó que “es fundamental destacar que esto no es un regalo que la Nación le hace a las provincias, sino que es un reintegro de todos los aportes que pagamos los ciudadanos, en este caso de Misiones, en impuestos nacionales y que debe volver en políticas públicas, es decir, es un presupuesto que Nación ya tiene en su poder”.
Cómo repercute en Misiones
Respecto al impacto en Misiones, explicó que “Misiones está garantizando todo lo que hoy la Nación deja de cubrir. Esto se da a través de los distintos organismos que tienen competencia y pueden acompañar, sin embargo no corresponde que la Nación se desentienda de las obligaciones que le corresponde, porque de alguna manera es parte de ese aporte a cada ciudadano”.
“Esta situación le llega a las personas con discapacidad en una forma en la que no se les permite garantizar su derecho por ejemplo para que sean auditadas. Querer ahorrar en esto, implica dejar a estas personas sin la posibilidad de pagar su alimento, el alquiler, la luz, entre otros costos”.
Indicó también que “el costo mínimo es de 290 mil pesos aproximadamente, que si bien no es una suma importante, para las personas con discapacidad es un ingreso fundamental. Creemos que es importante garantizar el derecho a que puedan ser auditados, que puedan llegar a la medicación de alto costo”.
