El avance de las tecnologías digitales transforma de manera constante la manera en que las personas interactúan, trabajan y realizan trámites cotidianos. En este contexto, la protección de los datos personales se ha convertido en un aspecto fundamental para garantizar la privacidad y los derechos de los ciudadanos. Atento a ello, el Parlamento misionero busca crear la Ley Provincial de Protección de Datos Personales.
La iniciativa impulsada por la diputada provincial de Encuentro Misionero, Anazul Centeno, tomó estado parlamentario en la Cámara de Representantes de la provincia y pasó al tratamiento en la comisión de Legislación.
A través de sus redes sociales, la legisladora recordó que “los datos personales son cualquier tipo de información respecto de las personas, humanas o jurídicas. Pueden ser apellido, nombre, DNI, dirección, o determinables como número de cliente o legajo laboral”.
“Todos estos datos hoy están en la redes. Por eso, el proyecto apunta principalmente es a que los misioneros y misioneras puedan tener un control, porque los dueños de esos datos personales somos las personas“, señaló.
Principales ejes del proyecto
En el mismo sentido, “hoy la administración pública tiene toda esa información. El proyecto plantea que cualquier persona pueda preguntar al Estado misionero qué datos tienen sobre ellos, y decir si les parece que un dato es sensible o no quieren que se publique, o si la información está mal que se pueda rectificar”.
Además, entre los fundamentos del proyecto, la autora remarca que el propósito es “resguardar los derechos de los ciudadanos de Misiones y garantizar que todas las personas puedan ejercer un control efectivo sobre su información personal, asentada en bases de datos públicas”.
“Para ello, se reconocen y garantizan derechos esenciales tales como el de información, acceso, actualización, rectificación, supresión, oposición y portabilidad“, subraya. A lo que agrega que “el derecho de información permite conocer qué bases de datos existen, cuál es su finalidad y quiénes son los responsables de su gestión”.
“A su vez, el derecho de acceso faculta al ciudadano a solicitar detalles sobre quién posee sus datos, de dónde los obtuvo y con qué propósito se utilizan. Finalmente, los derechos de supresión, rectificación y actualización otorgan la posibilidad de exigir la corrección o eliminación de datos erróneos, desactualizados o innecesarios, asegurando un tratamiento adecuado y respetuoso de la información personal”, completa.
