La Cámara de Representantes de Misiones aprobó un proyecto de comunicación mediante el cual insiste al Poder Ejecutivo Nacional que adopte de manera urgente medidas para corregir las distorsiones y desregulaciones que afectan al mercado de la yerba mate. El planteo busca restablecer condiciones que permitan recuperar la sustentabilidad económica de la actividad, garantizar precios justos para los productores, proteger el empleo y fortalecer una de las principales economías regionales del país.
La iniciativa, elaborada a partir de proyectos impulsados por los diputados Juan Jose Szychowski y Arabela Soler junto a otros legisladores, advierte sobre el deterioro que atraviesa el sector tras la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym). El pedido pone el foco en la necesidad de generar reglas que permitan equilibrar la cadena productiva y mejorar la situación de miles de familias vinculadas a la actividad yerbatera.
Un escenario en “rojo”
El reclamo legislativo coincide con el diagnóstico del último Semáforo de Economías Regionales elaborado por CONINAGRO, que volvió a ubicar a la yerba mate en la categoría “rojo”. El informe señala que durante abril la tonelada de hoja verde se pagó en torno a los 240 mil pesos, lo que representó una caída real del 17% respecto del mismo período del año anterior, mientras que la producción descendió un 3%, de 892 mil a 865 mil toneladas.
Si bien las exportaciones crecieron un 15% interanual y alcanzaron los 128 millones de dólares, el sector continúa afectado por la presión de las importaciones, que totalizaron 21 millones de dólares durante el último año. A ello se suma la baja participación del productor en el precio final, ya que actualmente recibe apenas el 14% del valor que paga el consumidor, diez puntos porcentuales menos que el promedio histórico de la actividad.
Con la aprobación de este proyecto, la Legislatura misionera volvió a reclamar la intervención del Gobierno nacional para restablecer condiciones que permitan recuperar la rentabilidad del sector, preservar el empleo y garantizar la continuidad de una actividad que constituye uno de los principales motores productivos de la provincia.
