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Con cambios impulsados por Herrera Ahuad, Diputados dio media sanción a la nueva ley de Discapacidad

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto con 237 votos afirmativos luego de incorporar modificaciones promovidas por el bloque Argentina Federal, que preside el misionero Oscar Herrera Ahuad. Los cambios surgieron a partir del diálogo con organizaciones, familiares y prestadores, y ahora la iniciativa deberá ser tratada por el Senado.

La Cámara de Diputados de la Nación otorgó en la madrugada de este jueves media sanción a la nueva ley de Discapacidad con 237 votos afirmativos, tras un acuerdo parlamentario que incorporó modificaciones impulsadas por el bloque Argentina Federal, presidido por el diputado nacional por Misiones Oscar Herrera Ahuad.

Las modificaciones fueron elaboradas a partir de reuniones mantenidas con organizaciones de personas con discapacidad, familiares y prestadores de servicios, cuyos planteos fueron trasladados al articulado durante el tratamiento legislativo.

Argentina Federal había presentado disidencias al dictamen de mayoría al considerar que el texto original no otorgaba suficientes certezas sobre derechos, prestaciones, pensiones, auditorías, cobertura sanitaria, financiamiento y compensaciones a prestadores.

Herrera Ahuad explicó que el objetivo era alcanzar una norma “superadora” a la normativa de emergencia que se vence, capaz de “dar previsibilidad y blindar algunas cuestiones grises que tiene la ley de emergencia”.

El ex gobernador aseguró que se trata de “un logro de las organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad y los diferentes colectivos que llevan adelante una lucha por la igualdad y los derechos”.

Las propuestas que finalmente llevó al recinto no fueron elaboradas de manera aislada. Surgieron de un proceso de consultas con organizaciones y colectivos vinculados a la discapacidad, cuyos planteos fueron trasladados al articulado.

“Me permito, en nombre de colegas con los cuales hemos trabajado a lo largo de estos días, de diferentes asociaciones, comunidades que hacen a las personas con discapacidad de la Argentina, muchos de ellos con los cuales hemos tenido la oportunidad de reunirnos”, explicó Herrera Ahuad al presentar las modificaciones.

El diputado misionero estableció además una posición clara: Argentina Federal acompañaría la iniciativa únicamente si esas modificaciones de fondo eran incorporadas.

“Nuestras disidencias son de fondo, son importantes, las queremos expresar y queremos pedir que sean incorporadas a este dictamen”, sostuvo.

Un momento decisivo del debate se produjo después de que Herrera Ahuad terminara de exponer y precisar cada una de las modificaciones propuestas por Argentina Federal. Tras la lectura de las disidencias y la compatibilización del articulado con la Secretaría Parlamentaria, el diputado informante del oficialismo, de La Libertad Avanza, el tucumano Gerardo Huesen anunció en el recinto la aceptación integral de los cambios impulsados por el legislador misionero.

“Señor presidente, quiero adelantar que vamos a aceptar todas las modificaciones”, expresó, dando lugar a que los reclamos recogidos por Herrera Ahuad en el diálogo con las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias quedaran incorporados al texto que posteriormente obtuvo la media sanción de la Cámara de Diputados.

La definición política despertó como hace mucho tiempo no se veía, una aplauso generalizado a un consenso construido por un misionero.

Los principales puntos incorporados por Argentina Federal

Las modificaciones defendidas por Herrera Ahuad y aceptadas durante la sesión alcanzaron aspectos centrales del sistema de discapacidad:

  • Ratificación del sistema de prestaciones y del empleo protegido. El artículo 4 ratifica la vigencia del artículo 7 bis de la Ley 24.901 y de la Ley 26.816 de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad.
  • Pensiones con evaluación del ingreso individual. Para el acceso a la pensión por discapacidad se establece que el beneficiario no deberá percibir ingresos netos iguales o superiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles y, especialmente, que “se tiene en cuenta el ingreso individual y no del grupo familiar”.
  • Blindaje presupuestario. El artículo 7 determina partidas específicas para afrontar los gastos derivados de la aplicación de la ley y dispone que “las leyes de presupuesto deberán garantizar un crédito presupuestario suficiente que asegure la sostenibilidad real y permanente del sistema”. También establece que el ingreso por beneficiario no podrá ser inferior, en términos reales, al contemplado en el ejercicio inmediato anterior.
  • Compatibilidad entre pensión y trabajo formal. La pensión no contributiva por discapacidad será compatible con un vínculo laboral formal o con la inscripción en el régimen general o simplificado. El beneficio continuará mientras los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles. Si se supera ese monto, se suspenderá mientras dure esa situación y podrá solicitarse su rehabilitación inmediata cuando los ingresos vuelvan a ubicarse por debajo del límite.
  • Garantía de cobertura de salud. Las personas titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral o discapacidad tendrán derecho a “un programa médico de atención y cobertura de salud que garantice las prestaciones básicas establecidas en la Ley 24.901”.
  • Auditorías con derecho de defensa. Se establece que “el procedimiento de auditoría deberá garantizar el debido proceso inclusivo”. Ante la detección de un posible incumplimiento, la persona deberá ser notificada fehacientemente y contar con el plazo administrativo correspondiente para ejercer su derecho al descargo antes de una suspensión preventiva.
  • Rehabilitación inmediata y provisoria. Una persona afectada por la suspensión de una pensión que considere que cumple los requisitos podrá solicitar la rehabilitación inmediata y provisoria del beneficio hasta que se dicte una resolución definitiva.
  • Plazos concretos para pagar a prestadores. Si quedan compensaciones pendientes, el Poder Ejecutivo deberá publicar y notificar un cronograma dentro de los 30 días corridos posteriores a la entrada en vigencia de la ley y prever la cancelación total dentro de los 90 días para quienes hayan finalizado el trámite administrativo.
  • Protección de compensaciones pendientes. El vencimiento de la emergencia no afectará el derecho de los prestadores que hayan cumplido los requisitos ni impedirá finalizar los procedimientos administrativos iniciados durante su vigencia.

Las modificaciones también consolidaron la continuidad de las prestaciones y establecieron mecanismos para asegurar que los derechos reconocidos cuenten con respaldo presupuestario efectivo.

Un acuerdo transversal entre distintos bloques

La aceptación de las modificaciones permitió construir un entendimiento parlamentario que reunió a 237 legisladores de espacios con profundas diferencias políticas. Sectores de La Libertad Avanza, Coalición Cívica, Provincias Unidas, Coherencia, la UCR y Unión por la Patria, entre otros, acompañaron el texto con las modificaciones incorporadas, junto con Argentina Federal y otros bloques.

Durante la sesión, el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Juan Marino (vicepresidente de la Comisión de Discapacidad) reconoció expresamente el trabajo realizado por el misionero a partir de las demandas de las organizaciones. “Fueron receptados numerosos planteos que fueron leídos por el diputado Herrera Ahuad”, destacó Marino.

Desde Unión por la Patria, el diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires Eduardo Valdés reivindicó el acuerdo alcanzado en Diputados y destacó especialmente el papel de Oscar Herrera Ahuad como articulador entre las organizaciones de personas con discapacidad y los distintos bloques políticos. “Valoro el acuerdo al que se ha llegado en esta sesión después de más de dos años y medio de lucha del colectivo de las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores”, afirmó.

Valdés sostuvo que la discapacidad debe recuperar su condición de política de Estado:“No puede depender de quién gobierna o su orientación política o de una situación económica de un momento determinado”, señaló, y remarcó que se trata de “una cuestión de derecho, no de beneficencia”.

 “Le quiero agradecer especialmente también al diputado Herrera Ahuad, que haya sido el puente para que escuchen los reclamos” que contenía la Ley de Emergencia y aquellos planteados por “las organizaciones del colectivo de personas con discapacidad”, expresó Valdés.

 “Y al propio oficialismo, que supo escuchar”, destacó Valdés, quien además agradeció a la diputada del oficialismo Alejandra “Luli” Rodríguez Machado por haber tomado “la propuesta de Herrera Ahuad” para avanzar en su incorporación al proyecto.

Para Valdés, el acuerdo alcanzado expresa uno de los principios centrales de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: “Nada sobre nosotros sin nosotros”.

Herrera Ahuad: “Desde la política está la herramienta para brindar respuestas”

Al finalizar la presentación de sus propuestas, Herrera Ahuad agradeció particularmente la confianza de las organizaciones que participaron del proceso de diálogo. “Quiero agradecer una vez más a quienes confiaron en mi persona para poder lograr un consenso para todas aquellas personas con discapacidad que transitan un momento muy difícil”, expresó.

Para el legislador misionero, el acuerdo alcanzado de 237 diputados también significó demostrar que el Congreso puede construir soluciones mediante el diálogo. “Hoy es el momento de que todos volvamos a mostrar en la sociedad que desde la política está la herramienta necesaria para poder brindar esas respuestas”, afirmó.

Y concluyó planteando la necesidad de alcanzar una respuesta que resulte “justa” y constituya “una cuestión de justicia social”.

Con la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados, la iniciativa pasó ahora al Senado de la Nación, que deberá tratarla para completar el trámite parlamentario y avanzar hacia su sanción definitiva.

© Fotos: Gustavo Molfino 

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